El organismo que preside Carlotto manifestó "gran indignación" por el pedido de domiciliaria y apuntó contra los poderes Judicial y Ejecutivo en alerta.
Martes 13 de Marzo de 2018
Las Abuelas de Plaza de Mayo manifestaron ayer su "preocupación frente al intento de otorgar la prisión domiciliaria a delincuentes de lesa humanidad", tras conocerse el pedido para acceder este beneficio por parte de Francisco Gómez, condenado por apropiarse de Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit, hijo de desaparecidos durante la última dictadura.
"Son viejos y muy peligrosos. En los juicios no confiesan y no se arrepienten. Ellos pueden conspirarse para repetir el terror que se vivió durante la última dictadura cívico-militar", manifestó Estela de Carlotto, líder de la institución, en una conferencia de prensa convocada tras conocerse la posible liberación de Gómez, sentenciado en 2013 a 12 años de prisión.
"Siento que a nosotros se nos revictimiza: sufrimos cuando se apropiaron de nosotros, cuando nos restituyeron y ahora cuando pasan estas cosas", expresó, por su parte, Pérez Roisinblit, quien participó del acto.
El joven explicó que se enteró el martes pasado de la solicitud que hizo la defensa del represor, y detalló: "Desde ese día no duermo, estoy de mal humor, estoy descompuesto, y la verdad es que tengo miedo como hace mucho tiempo no tenía".
Carlotto sostuvo que siente "una gran indignación" por el pedido de domiciliaria y apuntó contra el Poder Judicial, al que acusó de "imperfecto", y contra el Ejecutivo, que —aseguró— "apoya esas imperfecciones".
"Analicemos cómo funciona la Justicia en nuestro país: hoy tenemos presos políticos, especialmente de un determinado grupo; persecución porque se dice una palabra contra el presidente; un chico tuitea algo y va a la cárcel", cuestionó.
Además, consideró que la Casa Rosada "fomenta" la "política de enviar a los genocidas a sus casas", en alusión a la difusión de un listado con nombres de represores que podrían acogerse a ese beneficio.
Carlotto dijo que aún no se comunicaron con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, ni con ningún representante del gobierno por este tema. Aclaró que se reuniría con Mauricio Macri, pero que "es él el que no llama".
"El presidente está rodeado de tres personas que se dedican a pasear y, además, está con el fútbol. Está bien, es un deporte muy sano, pero él preside un país y hay que tener capacidad para eso", apuntó.
La líder de Abuelas precisó que el Servicio Penitenciario Federal hizo circular una lista de 1.111 detenidos que serían liberados "con el pretexto de morigerar el hacinamiento carcelario", entre "los que se han colado alrededor de cien condenados por delitos de lesa humanidad".
Entre los que se encuentran en la nómina están Jorge Tigre Acosta, jefe del Grupo de tareas 3.3.2 de la Esma; los también represores de la Esma Carlos Capdevilla, Antonio Pernías y Adolfo Donda, y el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti.
"Uno tiene que suponer quiénes son los que elaboraron esos nombres. Nosotros nos enteramos por la prensa, no sé quién confeccionó esa lista, pero sabemos que es el gobierno el que lo permite", explicó.
Para Carlotto, la Casa Rosada "busca abrir esa brecha" y son los propios funcionarios "los que dicen «a mí no me pasó»y «es mejor olvidar», pero remarcó que "se olvidan de que esto puede pasar con sus hijos o con sus nietos en un futuro".
La dirigente resaltó finalmente que "esta sugerencia de enviar a los genocidas a sus casas nada tiene que ver con el intento de resolver la problemática de superpoblación carcelaria".
Fuente:LaCapital
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