La versión del gendarme que hirió a alguien de un piedrazo
A tono con el nuevo relato del Gobierno
En el marco de las operaciones en el expediente por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, surgió otro “aporte” de la administración macrista a la Justicia: la supuesta confesión de un miembro de la Gendarmería que participó de la represión a los mapuches y que dice haber herido a alguien mientras cruzaba el Río Chubut.
A casi un mes y medio de la desaparición de Santiago Maldonado, que fue visto por última vez en la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, y tras el reclamo masivo por la aparición del joven, el Gobierno recalculó su estrategia y le soltó la mano a un grupo de gendarmes que ahora señala como los sospechosos de haber podido “herir a un manifestante”. Según un nuevo "aporte" de la administración macrista a la Justicia, un gendarme habría herido a un manifestante con un piedrazo. Antes del cambio de estrategia que ahora apunta a responsabilizar a un efectivo "suelto", la versión oficial se había encargó de proteger a la fuerza, demonizar a los mapuches y desviar la atención con noticias falsas.
Una piedra y un gendarme de licencia, fue la nueva versión que acercó el Gobierno a la Justicia. Además del grupo de siete efectivos que desde el Ministerio de Seguridad señalaron como quienes estuvieron más cerca del Río Chubut, se sumó ahora un octavo: un efectivo que habría participado del operativo, habría golpeado a un manifestante con una piedra, y justo al día siguiente del operativo del 1º de agosto habría pedido licencia por un problema personal.
El nuevo gendarme señalado ahora por el Gobierno se llama Neri Armando Robledo, tiene 27 años e integra el Batallón 35 El Bolsón. Según reconoció el propio efectivo –tal como sostiene la información que difundió La Nación-, Robledo “le dio un piedrazo a uno de los encapuchados que cruzaron el río Chubut”.
La declaración al efectivo la habría tomado el comandante general de la Gendarmería, Luis Lagger, quien le preguntó al gendarme por su versión de los hechos. Robledo sostuvo que "uno de los individuos encapuchados le arrojó una piedra que impactó en su rodilla" y que "en defensa personal" él tomó una piedra y se la tiró a los integrantes de la comunidad que intentaban cruzar el río. El gendarme dijo que la piedra dio en la "espalda" de un manifestante. Robledo insistió con que otro de los efectivos que estaba presente en ese momento, el sargento Pelozo, le confirmó que el piedrazo efectivamente golpeó a un hombre. "Sí, le pegaste, Robledo", recordó el efectivo que, según la nueva versión en línea con lo que ahora pretende el Gobierno, se autoinculpó.
Robledo, sin embargo, dio pocos detalles sobre el hombre al que golpeó. Dijo que estaba a 30 metros de distancia, que cruzó a la otra orilla del rio y que “era una persona robusta y de casi dos metros de altura". También dijo que sólo recordaba que el hombre “vestía pantalón largo” y que “la capucha” se le salió cuando cruzó el río. Sin embargo, el gendarme no dijo nada sobre si pudo reconocer, una vez con la cara destapada, si se trataba de Santiago.
Aunque plagado de sospechas e inconsistencias, con este testimonio que el Ministerio de Seguridad le acercó al juez Guido Otranto el Gobierno reconoció por primera una agresión de parte de la Gendarmería hacia los manifestantes en el marco de la represión. Algo que los testimonios ya había declarado desde el primer momento. Con esta nueva versión, que el juez deberá analizar cómo incorporar a la causa, el Gobierno mantiene su intención de exculpar a la Gendarmería y su actuación en el marco de la represión. La movida oficial busca alejar la figura de desaparición forzada, que implica el actuar de toda la fuerza, y sembrar el hipotético homicidio culposo bajo la jerga policial del “se le fue la mano”.
Para la querella, el relato que apunta al hecho aislado como “exceso individual” de un uniformado, se acerca a lo declarado por los testigos. “Al menos este nuevo relato se acerca al río y a la Gendarmería, que es lo que vienen diciendo los mapuches desde el primer día”, dijeron desde el entorno de la familia de Santiago.
El juez Otranto deberá decidir si interroga o no a este grupo de gendarmes como testigos. Si lo hace bajo juramento de decir verdad, luego sería más complicado convocarlos a indagatoria porque podrían haberse autoinculpado. Sin embargo, desde la Justicia indicaron que no avanzarán hacia el grupo que “entrega” el Gobierno hasta no contar con los estudios de ADN de las muestras recogidas durante los peritajes y rastrillajes realizados el mes pasado.
12 de septiembre de 2017
La Justicia de Esquel toma distancia de los supuestos aportes del Gobierno
Nuevas operaciones en el expediente de Maldonado
Después de buscar instalar que el hecho estuvo acotado a un grupo de siete gendarmes, ayer se difundió el nombre de un subalférez que estaría involucrado. “Alguna versión tienen que construir ante la evidencia de que fue Gendarmería”, dijo la abogada de la familia.
Por Irina Hauser y Adriana Meyer
La Policía Federal participa en los rastrillajes en la zona de Cushamen, en Chubut.
Imagen: Gustavo Zaninelli
Imagen: Gustavo Zaninelli
Los informes que presenta el Gobierno como “aportes” a la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado carecen del valor probatorio que buscan imprimirle desde las oficinas oficiales. Así lo confiaron a PáginaI12 fuentes judiciales. En tren de obtener algún resultado, el Gobierno siguió dictando los pasos a la Justicia federal de Esquel y soltó la mano a un grupo de siete gendarmes, de los 137 que participaron del operativo represivo del 1º de agosto. “Alguna versión tienen que empezar a construir ante la evidencia de que fue Gendarmería, y no pueden sostener más las versiones que inventan a cada rato”, dijo a PáginaI12 la abogada de la familia, Verónica Heredia. En el mismo sentido se pronunció una parte de la querella, al enfatizar que más allá de lo que suceda con el señalamiento oficial, que apunta al hecho aislado como “exceso individual” de un uniformado, “al menos este nuevo relato se acerca al río y a la Gendarmería, que es lo que vienen diciendo los mapuches desde el primer día”. En cualquier caso, la justicia no avanzará hacia el grupo que “entrega” el Gobierno hasta no contar con los estudios de ADN de las muestras recogidas durante los peritajes y rastrillajes realizados el mes pasado. Al cierre de esta edición, tras la difusión del nombre del subalférez Emmanuel Echazú, el gendarme que habría sido herido durante el desalojo de la ruta 40, este diario precisó que desde el juzgado “no tienen sospechas fundadas” sobre un gendarme en particular.
El domingo, el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, puso en manos del juez federal de Esquel Guido Otranto un informe según el cual algún gendarme habría golpeado a Santiago Maldonado y lo habría dejado en el río. En lugar de actuar como una fuerza ordenada y organizada bajo la cadena de mandos, el documento infiere que no todos los uniformados vieron lo que hacía cada uno, en la línea de abonar el posible “exceso” en el uso de la fuerza como consecuencia del cual habría sido lastimado o muerto el joven tatuador, que pasaba un par de meses en El Bolsón y había mostrado interés por la recuperación de territorio que los mapuches iniciaron en Cushamen en 2015. La nueva movida oficial busca alejar la figura de desaparición forzada, que implicaría a toda la fuerza, y sembrar el hipotético homicidio culposo bajo la jerga policial del “se les fue la mano”.
Los siete gendarmes que pudieron haber visto algo son un oficial subalférez y seis suboficiales, tres sargentos, dos cabos primero y un cabo: Emmanuel Echazú, Orlando Yucra, Julio Segovia, Juan Carlos Pelozo, Jorge Fortunato, Ramón Vera y Darío Zoilán. En el imaginario de los funcionarios de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuya nueva pista filtraron con generosidad y detalle en algunos medios, iban a declarar como testigos. Sin embargo, PáginaI12 pudo saber que el juez federal Guido Otranto no definió aún si convocará a éstos gendarmes como testigos o como imputados. Hasta ahora, la relevancia que el magistrado otorga al informe se refiere más bien a precisar la ubicación que tuvo cada uno en esa parte del predio. El camino que tome Otranto no es menor: si los interroga como testigos bajo juramento de decir verdad esos gendarmes sería más complicado convocarlos a una indagatoria porque podrían haberse autoinculpado.
Los informes que entregó Milman al juez no son otra cosa que las “actuaciones internas” que realizó la Gendamería tras la desaparición de Maldonado. Ni siquiera se trata de sumarios, sino más bien declaraciones internas donde los uniformados describen sus acciones de esa jornada como si hubieran actuado con absoluto apego a la ley y el protocolo, aún en medio de un procedimiento que no contaba con orden judicial. De hecho, en las primeras horas del caso, el encargado de violencia institucional del ministerio de Seguridad, Daniel Barberis, había acudido a Esquel para entrevistar a los gendarmes y darles “apoyo psicológico”. Una fuente del caso consultada por PáginaI12 precisó que el informe del gobierno es la continuidad de la pesquisa iniciada por Barberis.
De todos modos, según comentaron allegados a la fiscalía, en el expediente que investiga el delito penal de desaparición forzada, el informe que entregó el gobierno con los testimonios de los gendarmes “no tiene ningún valor de prueba”. Y en esa causa no dará ningún paso en relación a los gendarmes hasta no tener los resultados de diez informes periciales que están pendientes.
La hipótesis de los “excesos” había sido anticipada por el coordinador de Políticas Públicas de Jefatura de Gabinete, Hernán Iglesias Illa, quien dijo al programa Diario del Futuro (FM La Patriada) que “lo más probable que haya pasado es que algún gendarme suelto le haya pegado a Santiago Maldonado, sin saber que lo estaba hiriendo gravemente. Pienso que eso no obedece tampoco a un plan del Gobierno. Decir algo así me parece que es una exageración”. El Gobierno apunta a los exámenes de ADN de las camionetas y los allanamientos. “Esta es una prueba central y casi definitiva para verificar o descartar la hipótesis que han planteado algunos testigos que son bastantes sospechados”, sostuvo el ministro de Justicia, Germán Garavano. Como quien entrega algo pero sigue dejando las demás puertas abiertas, el Gobierno busca instalar que, si no quedó material genérico, la pista de Gendarmería quedaría descartada.
Primero el problema eran los testimonios dados sin identidad, que ubicaban a Maldonado en una acción sobre la ruta 40 por la liberación de Facundo Jones Huala escapando con ellos de la represión, cuando los gendarmes ingresaron al territorio de la Pu Lof, atrapado al borde del Río Chubut, golpeado y subido a una camioneta de esa fuerza. Eran los mismos relatos y fotografías que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA tomó como verosímiles para pedir medidas cautelares al gobierno de Mauricio Macri en sentido de dar con Maldonado e investigar lo sucedido. La semana pasada los mapuches se volvieron a presentar ante los estrados judiciales, pero siguieron las operaciones de todos los colores para desacreditarlos. “Los testimonios son contundentes. No les creen como no lo hacen nunca cuando denuncian la violencia que despliega Gendarmería en cada procedimiento”, destacó la abogada Heredia ante PáginaI12.
12 de septiembre de 2017
La familia Maldonado recurre a las Naciones Unidas
Por una investigación independiente
La familia de Santiago Maldonado recurrió a las Naciones Unidas para “romper” lo que denunciaron como un pacto de impunidad entre el Gobierno y la Justicia por trabar la investigación sobre la desaparición del joven
“Tenemos una reunión con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas para ver si podemos avanzar con la conformación de un grupo de expertos independientes que pueda acompañarnos en esta investigación”, alertó Verónica Heredia, la abogada de la familia.
Según la abogada, la intervención del Alto Comisionado sumada al “acompañamiento de la gente, es imprescindible” para “romper este pacto de impunidad que tiene el Estado” en el caso. Para Heredia, el Ejecutivo “nunca” hizo una investigación de Gendarmería, al tiempo que advirtió que el juez Guido Otranto y la fiscal Silvina Ávila “están haciendo todo lo necesario para que se mantenga la desaparición forzada” de Maldonado.
Al pedido de una “investigación independiente” realizado por la familia del joven, por el cual recurrirán al Alto Comisionado, representantes del Gobierno respondieron que aceptarán la participación del organismo de la ONU para supervisar la investigación. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se reunirá con el representante de la oficina regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra.
Esta semana, la oficina de la Acnudh expresó su preocupación por la “falta de progreso en las investigaciones que se están llevando a cabo” y pidió a las autoridades “realizar la investigación apegándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular a la Convención para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas”.
“La convención establece claros parámetros para llevar una investigación sobre este tipo de hechos. En especial cuando hay posibles señalamientos de la participación de la fuerza pública”, afirmó Incalcaterra en un comunicado, en referencia a la participación de la Gendarmería en el hecho investigado.
El 7 de agosto, el Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas exigió al Estado argentino tomar “todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscar y localizar” a Maldonado. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el 23 de agosto una medida cautelar para proteger los derechos del joven y reclamó al Gobierno otorgar información sobre las acciones adoptadas a fin de “investigar los presuntos hechos ocurridos”.
Casi un mes y medio más tarde de la desaparición de Santiago Maldonado, el Gobierno recién recalculó su estrategia y pasó de defender el accionar de la fuerza a poner en duda la participación de siete efectivos, los que llegaron hasta el río Chubut en el marco de la represión a la comunidad mapuche. La abogada de la familia aclaró, sin embargo, que la información de los siete gendarmes “no es nueva”, consta en el expediente desde el 4 de agosto, cuando fue la audiencia por el hábeas corpus. “Lo cierto es que desde el primer momento, en la audiencia de hábeas corpus del 4 de agosto en el que se presentó el comandante que estaba a cargo del operativo y ese mismo día aportó, reticentemente, el nombre de siete personas que estuvieron en ese momento”, explicó la abogada.
12 de septiembre de 2017
Pedido de la Comisión por la Memoria
El peritaje telefónico
La Comisión Provincial por la Memoria solicitó ayer al juez federal de Esquel, Guido Otranto, que acepte al ingeniero en Telecomunicaciones Ariel Garbacz como perito de parte. El profesional aseguró contar con “datos sobre la zona en donde estuvo el teléfono celular de Santiago Maldonado el 2 de agosto”, pero no fue aceptado por Otranto ni por la fiscal que lleva el caso, Silvina Avila.
La CPM, querellante en la causa que dirige Otranto y que comenzó a partir del hábeas corpus que fue presentado cuando Maldonado desapareció –el 1º de agosto pasado–, presentó a Garbacz como perito de parte “en función de que puede llevar a cabo una pericia diferente a la solicitada a la Policía Federal, que puede aportar información sobre dónde estaba el teléfono de Santiago cuando se activó”, apuntó el titular de la CPM, Roberto Cipriano García.
Figura en el expediente que un amigo del joven desaparecido llamó a uno de los teléfonos de Maldonado el 2 de agosto, que alguien atendió, pero que no le hablaron y que, al cabo de 20 segundos, le cortaron. Garbacz aseguró a la prensa que a partir de un estudio de geolocalización era posible determinar en dónde se había activado ese teléfono y cuáles otros se encontraban cercanos, con el objetivo de que los dueños de esos otros aparatos puedan ser testigos o investigados. Según explicó Cipriano García, el estudio que puede realizar el perito propuesto trabaja con los datos que los aparatos celulares dejan en las antenas. En la causa constan tres líneas telefónicas que pertenecían a Maldonado, pero no hay certezas de que los dos aparatos alcatel que fueron secuestrados tras el allanamiento en la casa compartida en la que vivía el joven tatuador fueran de él.
Fuente:Pagina12
11.09.2017
A 42 días de la desaparición del joven
Una antena argentina activada por el celular de Maldonado confirma el testimonio del amigo del joven
El ingeniero Ariel Garbarz, propuesto en la causa por la querella de la CPM, viajó a Esquel a decirle al juez que se detectó el encendido de un aparato del joven en una antena argentina Movistar el 2 de agosto y reclamar que acepten las pruebas. Se corrobora la versión del testigo que declaró haber llamado a Maldonado, que alguien atendió 22 segundos, pero no contestó.
Es que el ingeniero en telecomunicaciones Ariel Garbarz, perito propuesto por la querella de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) aún no aceptado por la justicia, viajó a Esquel para asegurarle al magistrado que se detectó el encendido de un aparato con línea chilena del joven en una antena argentina Movistar el 2 de agosto, el mismo día del testimonio de Ariel Garzi, y pedirle a la Justicia que acepten su participación en la causa y que active medidas que intenten precisar dónde exactamente se activó el celular.
"El teléfono se encendió en Argentina", afirmó Garbarz ante la prensa en la puerta del juzgado federal de Esquel, cuando también aclaró que lo más importante sobre saber dónde se activó precisamente el aparato de Maldonado es la posibilidad de detectar qué otros celulares estaban encendidos alrededor de éste. "Podrían ser testigos o posibles sospechosos. Y alguien atendió ese celular. Los teléfonos no se atienden solos. Pudo haber sido Santiago. U otra persona", remarcó.
El especialista sostuvo que con este dato es muy posible que alguien haya encendido el celular de Maldonado el 2 de agosto para que parezca que el propio dueño del aparato estuvo allí y que, si bien no descarta que la activación haya sido por accidente, la coincidencia de esta activación de una antena argentina el 2 de agosto va en línea con la hipótesis de la desaparición forzada: "Alguien lo puede prender lejos de la escena del crimen para distraer la atención, por eso es necesario tener esa información en la causa".
En esta línea cabe recordar que según el expediente de la causa, Garzi, amigo del joven desaparecido, llamó al celular el 2 de agosto a las 15.34, alguien atendió, pero no contestó. "Escuché ecos y pasos y después cortaron", declaró Garzi. La llamada duró 22 segundos. Fue la última vez que el teléfono estuvo encendido.
"Tenemos información muy importante para la geolocalización de los teléfonos celulares. Puede ser la punta del ovillo para resolver el caso. El 2 de agosto pasado alguien atendió una comunicación entrante al teléfono celular de línea chilena que utilizaba Maldonado y esa comunicación impactó en una antena de la empresa Movistar. Sabemos cuál es la antena y a partir de esa información se puede establecer la zona donde estaba el móvil y qué otros celulares estaban en el mismo lugar", señaló Garbarz, quien junto a integrantes de la CPM, organismo que preside el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, recorrieron las antenas telefónicas de esta ciudad y sus alrededores para evaluar dónde pudo haber sido encendido el teléfono, dato en el que fuentes judiciales apuntan a que sería una de Esquel.
El ingeniero precisó que fueron trazados a través de lo que se llama "coordenadas polares" y reiteró que busca darle sus datos a Otranto "para que nadie pueda avivar a los responsables de la desaparición forzada". Por ahora y de forma insólita, ni la fiscal Avila ni el magistrado aceptaron su participación como perito de la querella. Según fuentes de la CPM, la confirmación podría ocurrir el martes, a dos semanas de la reunión entre la fiscal y Garbarz, que dijo que vuelve a Buenos Aires "indignado porque en 20 años nunca" le pasó "que no reciban a la querella".
"La Justicia de Esquel no quiere aceptar un dato que puede hacer avanzar la investigación", dijo Garbarz antes de salir para el aeropuerto de Esquel para tomar un avión hacia Buenos Aires.
Garbarz llegó a Esquel ayer, en el mismo vuelo donde arribaron el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerio Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané.
Fuente:PoliticaArgentina
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