La familia de Jonatan Herrera enfrenta a la corporación policial y judicial
Hasta las últimas consecuencias
Los deudos del joven asesinado por policías mientras lavaba su auto pidieron ser querellantes en la causa paralela, aún sin imputados, que investiga el encubrimiento de otros uniformados que escondieron pruebas de la escena del crimen.
Por Lorena Panzerini
Desde enero de 2015 que los Herrera dan batalla para que el crimen de Jonatan no quede impune.
Imagen: Andres Macera
Imagen: Andres Macera
La familia de Jonatan Herrera no cesa en su lucha contra la impunidad. A la espera de que la Cámara Penal revierta el fallo que dictó condenas "bajas y bochornosas" para los policías acusados del crimen, la semana pasada presentaron en la Unidad Fiscal de Violencia Institucional un pedido de constitución de querellante en la causa paralela que investiga el encubrimiento por parte de efectivos que recogieron vainas de la escena del homicidio, aquel 4 de enero de 2015, para intentar favorecer a sus compañeros al alterar el escenario. A pesar de que el fiscal Adrián Spelta pasó esa parte de la investigación a su par Karina Bartocci, aún no hay efectivos imputados. Incluso, en el expediente se habla de entre dos y tres implicados en ese accionar, pero los abogados querellantes Enrique Font y Santiago Bereciartúa, al igual que la familia, consideran que fueron muchos más. "No vimos avances en esa causa", se quejaron.
"Hubo un encubrimiento por parte de empleados policiales. (Aquella tarde) los policías de la PAT, de manera intempestiva, inconsulta y absurdamente desproporcionada dispararon sus armas de fuego reglamentarias en reiteradas ocasiones, hiriendo a Jonatan Herrera, quien lavaba su auto. Posteriormente, empleados policiales recogieron evidencia incriminatoria de la escena del hecho. Al momento se ha identificado solamente a los agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) María Cecilia G. y Wilfredo Damián S. como responsables de realizar dicha acción", expresaron desde la querella. Y agregaron: "Hay una evidente puesta en peligro de los derechos de la madre de la víctima (representante de la querella), a partir de la maniobra ilegal realizada por los empleados policiales al ocultar, alterar y desaparecer rastros, pruebas o instrumentos de la escena del hecho, con el fin de procurar impunidad a los responsables del mismo y de, por lo tanto, obstaculizar el conocimiento de la verdad de lo sucedido", expresa el escrito.
Para Font, "está claro que la imputación debe ampliarse en cuanto a las personas involucradas. Con el análisis de la prueba que revisamos para la apelación por el jucio del homicidio, ya aparecen todas estas cuestiones y da cuenta de que el ocultamiento de prueba fue masivo, con modificación de la escena. El encubrimiento fue doloso y después veremos qué otros delitos aparecen por el incumplimiento de deberes como funcionarios públicos. La investigación que hay que hacer debe ser lo más amplia posible, y si bien le corresponde a la Fiscalía, lo queremos hacer también nosotros. Porque aquí se dividieron las causas, pero hubiera sido mucho más lógica una investigación integral, con distinto tipo de imputaciones, por las diferentes responsabilidades, incluso por una cuestión de economía procesal para el propio Poder Judicial. Lo que había que hacer era una sola investigación, caracterizar la conducta de policías teniendo en cuenta que si hay una alteración en los hechos es porque intentan encubrir su responsabilidad".
Los abogados de la familia señalan que el ocultamiento de prueba fue masivo y doloso para modificar la escena del crimen.
Es que para los abogados, el modo en el que se realizó la investigación fue determinante para la sentencia que dejó a una policía del Comando Radioeléctrico imputada sin condena y a otros cuatro penados por delitos menores a los que fueron imputados por Fiscalía y querella. "Ningún tribunal habría resuelto así si se hubiera tratado de pibes comunes, entre los imputados", dijo Font, que tomó la causa después de la condena que fue apelada y que espera resolución de la Alzada para los próximos días. "No se investigó adecuadamente el hecho, no se sancionó y se generó una impunidad parcial", se quejó el querellante.
Al mismo tiempo, lamentó que el Ministerio de Seguridad provincial no tomara medidas con respecto a los agentes involucrados en la causa por encubrimiento, ya que considera que hay "faltas autónomas". En ese sentido, Julieta, hermana de la víctima y miembro de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, se quejó de que los efectivos investigados por el encubrimiento siguen trabajando. "El Ministerio no movió un dedo, pese a tener una secretaría de control que debería estar trabajando en esta cuestión", agregó Font.
Julieta aseguró que la familia no bajará los brazos: "No fueron solamente los cinco policías que llegaron al juicio y queremos llegar hasta las últimas consecuencias y demostrar que toda la policía que estaba ese día tuvo responsabilidades".
Aquella tarde de verano, mientras Jonatan lavaba el auto personal del Comando perseguía al ladrón de una juguetería. Cuando éste ya estaba retenido en el suelo, jóvenes e inexpertos agentes de la PAT bajaron de un colectivo de línea que los trasladaba a sus alojamientos, al finalizar su jornada, y comenzaron a disparar. Al juicio llegaron una de las agentes del Comando, acusada de haberle acertado al joven de 23 años un disparo en el cráneo, y cuatro uniformados de la PAT, uno de ellos sindicado por otro disparo mortal. Este último fue condenado por el delito de homicidio culposo (sin intención) a 6 años y medio de prisión, sus colegas fueron penados por abuso de armas, a poco más de tres años; y la policía del Comando fue absuelta por el beneficio de la duda.
Fuente:Rosario12
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