DOCUMENTO OBISPADO CASTRENSE - DIFUSIÓN.

1Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25/06/2017
Sr. Santiago Olivera
Obispo Castrense de la República Argentina
Los organismos y secretarías de derechos humanos, organizaciones sociales y religiosas abajo firmantes, queremos hacerle llegar un mensaje en ocasión de su nombramiento como titular del Obispado Castrense de Argentina.

Usted asume un obispado con una deuda histórica pendiente: admitir la responsabilidad institucional que tuvo en el surgimiento, sostén y reproducción del terrorismo de Estado en Argentina (1975-1983). Pasadas ya cuatro décadas, resulta una provocación que la Conferencia Episcopal Argentina continúe “reflexionando” y escuchando testimonios de “víctimas de la guerrilla y víctimas del terrorismo de Estado” acerca de “los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar”, como si desconociese lo ocurrido o se hubiese mantenido al margen. El pasado mes de mayo, en el marco del enorme repudio que cosechó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hemos visto cómo algunos sectores -entre ellos los obispos argentinos- pretendieron reinstalar la idea de una “reconciliación entre los argentinos”. La jerarquía católica que Ud. integra, continúa eludiendo su responsabilidad con el genocidio. En sus discursos y escritos, jamás ha hecho mención alguna de la actuación del obispado castrense, al mismo tiempo que esquivó exitosamente el proceso de verdad y justicia reabierto en la década pasada.

Hace tiempo que los organismos de derechos humanos y un sector importante de la sociedad, venimos sosteniendo que la dictadura que ocupó el poder entre 1976 y 1983 fue cívico-militar y también eclesiástica.1 Su componente religioso fue tan necesario como el represivo, el político y el económico. La profundidad y la extensión temporal que alcanzó, no se hubieran logrado sin la legitimación que la doctrina católica brindó al gobierno militar y a la violencia desplegada. Dicha legitimación reposó en el discurso público de los obispos, en el silencio aquiescente del Episcopado y centralmente en el trabajo que por décadas realizó el Vicariato Castrense al interior de las Fuerzas Armadas. A través de esta institución situada simultáneamente sobre las estructuras eclesiástica y estatal, la Iglesia se convirtió en un engranaje fundamental de la maquinaria represiva. La dimensión religiosa del terrorismo de Estado estuvo presente en las diversas fases y con diferentes intensidades: convenciendo de la peligrosidad ideológica y material del “enemigo subversivo”; intensificando las ideas de “crisis moral” y “guerra justa”; excitando a las Fuerzas Armadas

1 Numerosas investigaciones han demostrado los estrechos vínculos entre las Fuerzas Armadas y la Iglesia católica durante el siglo XX, así como la colaboración y participación de ésta en el terrorismo de Estado. Citamos por caso, Emilio Mignone: Iglesia y dictadura. 
El papel de la Iglesia a la luz de las relaciones con el régimen militar, Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional, 1986; Rubén Dri: Teología y dominación, Buenos Aires, Roblanco, 1987; Loris Zanatta: Del Estado liberal a la Nación Católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo, Bernal, UNQ, 1996; Martín Obregón: Entre la cruz y la espada. La Iglesia católica durante los primeros años del “Proceso”, Bernal, UNQ, 2005; Stephan Ruderer: “Entre religión y política. El vicariato castrense en las últimas dictaduras de Chile y Argentina”, historiapolitica.com, 2010; Fortunato Mallimaci: “Sostén católico al Terrorismo de Estado de la última dictadura cívico militar religiosa en argentina”, en Aldo Rubén Ameigeiras (coord.): Cruces, intersecciones, conflictos: relaciones político religiosas en Latinoamérica, Buenos Aires, Clacso, 2012; Horacio Verbitsky: Doble juego. La Argentina católica y militar y La mano izquierda de Dios (1976-1983). Buenos Aires, Sudamericana, 2006 y 2010.
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a la toma del poder; acompañando su accionar represivo; avalando teológicamente los
métodos clandestinos; o instando a los detenidos a la delación.
Quizás haya tenido oportunidad de leer los diarios personales del fallecido obispo
Victorio Bonamín sdb, ex provicario castrense entre 1960 y 1982. Los mismos contienen
anotaciones diarias de los años 1975, 1976 y 1978 respecto del devenir nacional (político,
castrense, eclesiástico, etc.), el funcionamiento de las capellanías, reuniones con personal
militar y de inteligencia, organización de la pastoral castrense, apreciaciones sobre la
metodología represiva, pedidos de intervención por parte de familiares de presos políticos,
entre otras cosas.

2 En la actualidad siguen siendo la principal fuente de consulta para
conocer el funcionamiento, dinámica y envergadura del Vicariato Castrense, ya que -sabido
es- desde allí jamás permitieron el acceso o consulta a sus archivos, así como tampoco
aportaron datos de utilidad a la justicia, a familiares de víctimas de la represión o a
organismos de derechos humanos. De acuerdo a los datos relevados sabemos que durante el período 1975-1983: 
a) por el Vicariato pasaron más de 400 capellanes; 
b) los comandantes generales de cada Fuerza mantuvieron un fluido contacto con los obispos castrenses y con los tres capellanes mayores; 
c) los generales que comandaron las 5 zonas militares en que se dividió el plan de exterminio, fueron asistidos cada uno por 2 capellanes en el período
más feroz de la represión; d) el 80% de los jefes de áreas que tuvieron a su cargo la
represión directa, también contaron con acompañamiento religioso; e) al menos 102
sacerdotes ejercieron su trabajo pastoral en unidades militares donde funcionaron centros
clandestinos de detención. Estos números hablan de un despliegue territorial vasto y
planificado.

Como Ud. sabe -o tendrá oportunidad de saber- los capellanes gozaban de una
posición de estima al interior de cada unidad militar y de influencia sobre los jefes
castrenses y uniformados en general. Los “informes de actuaciones” que regularmente
enviaban al capellán mayor de cada fuerza y al jefe de la unidad, así como los boletines
trimestrales del Vicariato Castrense, ilustran muy bien el trabajo sistemático de los
capellanes, su intensa actividad y protagonismo dentro de las unidades.

3 En esas condiciones, ejercieron una forma de poder espiritual que favoreció sobre la conducta de los militares un resultado tan efectivo como la propia disciplina castrense. Así lo manifestó por ejemplo el mismo Bonamín en sus diarios, al transcribir algunas conversaciones con militares. En junio de 1975 el director de la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral” de Campo de Mayo, coronel Juan Bautista Sasiaiñ, halagó los resultados de las “acampadas militares religiosas” porque -según su visión- “conseguían en tres días lo que los Oficiales en un año”.

4 Mientras que el entonces Director de Gendarmería Nacional, general Carlos
Enrique Laidlaw, le planteó en julio de 1976 “interesantes puntos de vista sobre lo central
de la dirección de los capellanes en cuanto formadores”.

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2 Desde el año 2012 se encuentran resguardados y a disposición del Poder Judicial, en el Centro Documental de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento han sido utilizados (por querellas, fiscales y/o jueces, según el caso) en 10 causas judiciales que investigan crímenes de lesa humanidad. Los mismos han sido publicados íntegramente en forma de libro, junto a una investigación sobre
el vicariato: Ariel Lede y Lucas Bilbao, Profeta del Genocidio. El vicariato castrense y los diarios del obispo Bonamín en la última dictadura, Buenos Aires, Sudamericana, 2016.
3 Si es de su interés, oportunamente podrá consultar en el Ministerio de Defensa de la Nación los legajos de
los capellanes y los boletines trimestrales del Vicariato.
4 Diario de Victorio Bonamín, 04/06/1975.
5 Diario de Victorio Bonamín, 01/07/1976.
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El “Operativo Independencia” en Tucumán (1975-1978) representó un “ensayo” de
la práctica genocida que poco después se extendería a todo el territorio nacional,
inaugurando los primeros centros clandestinos de detención y aplicando métodos represivos como la tortura en los interrogatorios y la desaparición forzada de personas.

En esos años, los obispos del Vicariato y hasta el mismo nuncio apostólico Pío Laghi,
visitaron Tucumán, recorrieron el “teatro de operaciones” y mantuvieron conversaciones
con detenidos. En esta coyuntura, se les solicitó a los capellanes “contribuir con
orientaciones concretas a contrarrestar el accionar destructor del enemigo que pretende
socavar los fundamentos de nuestra formación espiritual”.6 Durante el inicio del
“Operativo” y teniendo en cuenta la coyuntura, el Vicariato a través del capellán mayor del
Ejército, José Menestrina, puso a disposición de las Fuerzas un número superior de
sacerdotes a los cuatro que ya se encontraban en el “campo de operaciones”. Durante 1975-

1976 más de 40 clérigos participaron del Operativo inaugurando allí la tarea de aliviar la
conciencia de los genocidas, hostigada por los problemas que causaban la aplicación de
torturas y los métodos represivos ilegales.

La tortura tenía el objetivo de obtener información y quebrantar a las víctimas. Los
desvelos del Vicariato respecto de esta metodología se concentraron en disipar las
preocupaciones de conciencia que despertaba en los militares, y definir “normas claras”
para que los capellanes pudiesen transmitir en sus lugares de acción. Así lo manifestó el
propio Bonamín, cuando apuntó en su diario una charla con el vicario Adolfo Tortolo:
“problemas de Tucumán, respecto a torturas y prisioneros (otro argumento: Si, según Sto.
Tomás, es lícita la pena de muerte…, la tortura es menos que la muerte…). Nuestros
Capellanes necesitan aunar criterios”.7 Y en esa misma línea de acción, el capellán de la
IV Brigada de Infantería Aerotransportada de Córdoba, Sabas Gallardo, informaba al
capellán mayor del Ejército que debía dar “una charla a oficiales y suboficiales sobre ‘el
fin último (teológico) de la lucha contra la subversión’”

8El “poder espiritual” se usó no solamente para legitimar la tortura sino también para
acrecentar su funcionalidad. Muchos sacerdotes utilizaron la circunstancia sensible de la
charla o la confesión con el objetivo de torcer las voluntades y obtener información. En su
diario, Bonamín registró el “dato penoso” que dos capellanes de Campo de Mayo -Luis
Mecchia y Mario de Leone- le llevaron, respecto a un grupo de detenidos: “les consta que,
por lo menos 20 terroristas puestos ‘en capilla’, rehusaron que se les llevara un
sacerdote”.9 Numerosos testigos han precisado en sus declaraciones judiciales, cómo los
capellanes se acercaban a ellos luego de las sesiones de tortura para “calmar”, ofrecer algún “auxilio espiritual” o un “momento de charla”. El filósofo y teólogo José Pablo Martín
describió este proceso de manera muy precisa: “un hombre de iglesia totalmente integrado
a la tarea ilegal utiliza su condición de sacerdote para ingresar en un campo de la víctima
al que no accede mediante instrumentos físicos de tormento: el campo de las creencias y

6 Ejército Argentino, Directiva del Comandante General del Ejército N° 404/75 (Lucha contra la subversión),
Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional), punto 7: Servicio, ítem a) Servicio Religioso.

7 Diario de Victorio Bonamín, 01/07/1976.

8 Ejército Argentino, Legajo del capellán Sabas Gallardo, “Carta al Capellán Mayor José Menestrina”,
Córdoba, 17/04/1977, fol. 70.

9 Diario de Victorio Bonamín 23/10/1978.
4 las convicciones. Se conforma así la figura de la tortura perfecta. Junto a otros que
torturan el cuerpo, se ejerce el poder religioso sobre el alma”.

10El período en el que el obispado castrense quedó regido por un administrador
apostólico, coincidió con el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad, fruto
del proceso de verdad y justicia iniciado en Argentina en la década de 1980 y profundizado
a partir de la anulación de las “leyes de impunidad” y de que los derechos humanos se
hayan convertido en políticas públicas, bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández. En cada uno de esos juicios han aparecido insistentemente testimonios de
víctimas de la represión, que han denunciado la labor de los capellanes en centros
clandestinos y cárceles, a lo largo y ancho del país. Cabe destacar el proceso llevado
adelante en 2013-2014 por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Rioja, que en julio condenó
a los ex militares Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella por el asesinato
del obispo Enrique Angelelli en agosto de 1976, y vinculó al Vicariato en el hecho. En los
fundamentos del fallo, los jueces valoraron como prueba los diarios personales del obispo
castrense Victorio Bonamín y afirmaron que “los militares no podrían haber matado a un
Obispo sin complicidad civil y clerical”. Los diarios de Bonamín aportaron claridad para
entender el contexto del asesinato: el silencio e inacción del Episcopado ante las amenazas
recibidas por Angelelli, y la gravitación activa del Vicariato Castrense en los conflictos que
el obispo riojano mantenía con los militares de esa provincia.

11Con todo, el Poder Judicial todavía no ha puesto la mira en las responsabilidades de
la Iglesia Católica respecto del terrorismo de Estado. Los sacerdotes católicos representan
menos del 1% de las más de 700 personas condenadas y de las 2.700 imputadas por delitos de lesa humanidad. Sólo 12 han pasado por alguna causa judicial: 1 condenado a prisión perpetua, 1 absuelto, 5 citados como testigos y 5 imputados. De los cinco testigos, dos fueron además denunciados por las fiscalías correspondientes. Y de los cinco imputados, dos murieron sin condena, uno está prófugo y dos en proceso. En las instancias en las que capellanes han sido citados a declarar en calidad de testigos, sólo se les ha solicitado información que pudieran recordar sobre las víctimas o los hechos investigados.   
Es la suerte que ha corrido, por ejemplo, el ex secretario del Vicariato Castrense Emilio Grasselli desde el Juicio a las Juntas hasta hoy. Probado está que conoció lo que ocurría en el ambiente militar, fue un vínculo clave con la Marina y confeccionó más de 2.000 fichas con datos de desaparecidos; sin embargo, el Poder Judicial no le ha hecho más que preguntas sobre terceros, mientras que la Iglesia lo resguardó y no le exigió que se pronuncie con la verdad.

Ud. sabe que estas cuestiones no son problemas del pasado. En los registros de la
institución podrá comprobar que, desde el retorno democrático hasta los primeros años del
nuevo siglo, el obispado castrense estuvo integrado por sacerdotes que cumplieron
funciones durante la dictadura, y todos dejaron la institución por haber cumplido la edad
jubilatoria o por fallecimiento. Los prelados que lo condujeron en los últimos treinta años,
han hecho públicas sus coincidencias con los lineamientos ideológicos de sus predecesores.

Asimismo, una parte de sus miembros jerárquicos durante la dictadura y un conjunto de
ochenta capellanes permanecieron en la institución hasta las décadas de 1990 y 2000, entre

10 José Pablo Martín, La Iglesia católica argentina. En democracia después de dictadura, UNGS-BN, 2008,
p. 43.

11 Sentencia por el asesinato del obispo Enrique Angelelli, fundamentos publicados el 12/09/14.

5ellos los denunciados por sobrevivientes de la dictadura, como Juan Luchelli, Normando Requena Pérez, Dante Vega, Carlos Marozzi, Antonio Stolfi, Miguel Regueiro, Alberto Zanchetta, Federico Gogala, Luis Mecchia, Emilio Grasselli y José Mijalchyk. Esa cobertura ha funcionado como una protección frente al devenir de los juicios.
Por su parte, Ud. se ha expresado públicamente en los términos de una remozada “teoría de los dos demonios”, idea que conlleva una falsa lectura del pasado, que es funcional a la impunidad penal de los perpetradores del genocidio, y que se ha ido superando con el tiempo y el esfuerzo pedagógico de sobrevivientes, organismos de derechos humanos, intelectuales, docentes y referentes políticos. En sus declaraciones previas a su asunción oficial, Ud. ha reducido los crímenes de las Fuerzas Armadas a “equivocaciones”, ha cuestionado la “selectividad” de la justicia y la “parcialidad” de la memoria colectiva, y ha expresado su apoyo a la prisión domiciliaria de los genocidas condenados. Todas ellas, señales de una perniciosa continuidad con el pasado.

En el marco de su arribo al obispado castrense, y por todas las razones antes expuestas, le exigimos con carácter de urgencia que resuelva las siguientes cuestiones pendientes:

- Apertura y puesta a disposición para las causas judiciales y los organismos de derechos humanos, de los archivos del Vicariato Castrense, tanto de la curia como de las distintas capellanías.

- Colaboración para que los capellanes que actuaron en tiempos del terrorismo de Estado y aún viven, testimonien ante el Poder Judicial y presenten pruebas. Que digan lo que saben sobre los cuerpos de los desaparecidos y sobre los nietos nacidos en cautiverio a los que aún falta restituir su verdadera identidad.

- Contribución para agilizar las causas en las que están involucrados los ex capellanes Emilio Teodoro Grasselli (ex secretario del Vicariato Castrense) y Alberto Ángel Zanchetta (ex capellán de la Marina).

- Cooperación con el Estado argentino para la extradición del ex capellán Franco Revérberi Boschi, con pedido de captura internacional y prófugo desde 2011.

institución durante la última dictadura cívico-militar.
Firman…
Envío:Sara Waitman