Por Irina Hauser
AL MENOS TRES PERSONAS MURIERON DURANTE UN VIOLENTO DESALOJO DE UN PREDIO DE LA EMPRESA LEDESMA, EN LA PROVINCIA DE JUJUY
Tierra arrasada en los dominios de la familia Blaquier
Los muertos son un policía y dos jóvenes que estaban en la ocupación. Renunció el ministro de Gobierno de la provincia. Denuncian que participó personal de la empresa.
Por Irina Hauser
La represión policial se desató a las seis de la mañana, aunque desde la noche anterior había policías recorriendo en cuatriciclo los cañaverales lindantes con la tierra donde se encuentran instaladas las familias. Julio Gutiérrez, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez (Capoma), un organismo de derechos humanos, estuvo en el momento en que aparecieron “cientos de policías de Infantería y Caballería”. Aunque no hay números oficiales exactos, quienes vieron el despliegue calculan que hubo entre 300 y 500 efectivos tirando gases lacrimógenos y disparando a mansalva. “Aparecieron el predio directamente, sin intentar ninguna clase de diálogo para que la gente se fuera, empezaron a reprimir en medio de la oscuridad”, relató. “Tiraron proyectiles de goma antitumulto, pero no tengo dudas de que también tiraron balas de plomo”, dijo. Enrique Mosquera, de la CCC, añadió que nunca fueron recibieron notificación de la orden de desalojo y que la represión “fue brutal”. Según relato, por la mañana dos bebés de barrios aledaños tuvieron que ser hospitalizados por dificultades respiratorias provocadas por los gases, pero estaban fuera de peligro.
Por la noche, la CCC, fuentes con acceso a la investigación y el gobierno provincial coincidían en que hubo por lo menos tres personas fallecidas, con impactos de bala: el policía Alejandro Farfán, de 23 años, y otros dos jóvenes que habrían formado parte del acampe, Félix Reyes y Ariel Farfán, que tenían los impactos en el tórax. Otro muchacho, Juan José Velásquez, que recibió un disparo en la cabeza y se encontraba muy grave (aparentemente con muerte cerebral), fue trasladado a San Salvador de Jujuy. De unas treinta personas hospitalizadas, cerca de diez tendrían heridas provocadas por proyectiles de plomo. Había gente con perforaciones en las piernas, brazos y el rostro. Una versión hablaba de un cuarto muerto, llamado Víctor Heredia. Según el director del hospital Oscar Orías, Roberto Maizal, había 11 o 12 policías heridos. Al final del día, además, había también cerca de treinta detenidos repartidos en distintas dependencias policiales, y mucha gente había vuelto a la toma en las tierras del ingenio. La investigación de los hechos está a cargo de la jueza Carolina Pérez Rojas, la misma que ayer tuvo que ocuparse del operativo del desalojo. Por lo pronto, ordenó las autopsias para determinar el tipo de heridas y el tipo de balas que se usaron. Ayer se hablaba de calibres 9 y 22, y perdigones.
Ledesma
El pueblo Libertador General San Martín es conocido, en rigor, como Ledesma. Está rodeado de cañaverales y según explican desde la CCC y otras agrupaciones que respaldan la toma, el problema habitacional viene en aumento desde hace varios años. Sólo en esta localidad habría según las cifras oficiales cerca de dos mil personas sin techo. El ingenio de los Blaquier, cuentan, entró en una mayor expansión todavía a partir del auge de los biocombustibles, que utilizan la caña de azúcar como insumo. Entre plantaciones y fábricas para producción de azúcar, papel, alcohol y jugos cítricos ocupan, al parecer, más de 120 mil hectáreas, un verdadero problema para los pobladores de una zona donde no quedan tierras fiscales, ni tierras libres de otro tipo y lo mínimo que cuesta un alquiler son 1500 a 2000 pesos. La ocupación del predio de Ledesma, en reclamo de la cesión de tierras, se afincó una semana atrás, cuando también se realizó la marcha por el 35º aniversario de la Noche de los Apagones, en julio de 1976, cuando en un operativo del Ejército, Gendarmería y la policía que tuvo apoyo del ingenio azucarero donde se cortó la luz, fueron secuestradas centenares de personas.
Mosquera, de la CCC, señaló que hacia el fin de semana último ya eran 700 las familias instaladas y que anteayer a la tarde habían logrado “avanzar en conversaciones con el intendente y con la propia empresa”. Según Mosquera, el juez Jorge Samman ya “había firmado la orden de desalojo a pedido de Ledesma el 22 de julio, y enseguida se fue de vacaciones”, pero eran las autoridades provinciales las que debían dar luz verde para ejecutarla. El intendente Ale, en diálogo con Página/12, coincidió en buena medida con la descripción: “Habíamos quedado que hoy (por ayer) íbamos a poner grifos comunitarios para la gente que está en la toma, hicimos una ordenanza para que el gobierno provincial intercediera y nos encontramos con que la policía ejecuta a la madrugada el desalojo. Intenté que esto no ocurriera, las tierras no son mías y no tengo fondos para hacer viviendas. Tenemos un problema habitacional en toda la provincia. Cuando desde el Ministerio de Gobierno ordenaron el repliegue policial ya había por lo menos tres muertos”, protestó Ale.
Munición gruesa
El comisario jujeño Hugo Sosa dijo que sus agentes no utilizaron balas de plomo sino sólo “munición antitumulto” y acusó a los manifestantes de haber tirado bombas molotov. Mosquera aseguró: “Sólo teníamos piedras”. Al ser consultado por este diario también dijo que el jefe de seguridad privada de Ledesma “estaba entre la policía, participando del operativo”. La empresa emitió un comunicado donde dice que “lamenta profundamente” los “graves acontecimientos de violencia” y dijo que espera el esclarecimiento de lo sucedido.
En una conferencia de prensa, el gobernador Barrionuevo –alineado con el kirchnerismo– dijo que estaba “consternado por las muertes de estos jóvenes”. “No encuentro explicación, me parece rarísimo.” Agregó que le llamó la atención que un juez penal de San Pedro de Jujuy (Jorge Samman) firmara una orden de desalojo durante el último día de la feria judicial, y después se fuera tan livianamente”, pero que también le preocupaba la supuesta participación del “personal de seguridad del Ingenio Ledesma”. A la vez sembró sospechas sobre la actitud de la CCC, “que ya sabía la noche anterior que saldría la orden de desalojo” y remarcó que “hay una media docena de efectivos policiales que sufrieron heridas con arma de fuego en distintas partes del cuerpo”. Barrionuevo anunció que pasó a disponibilidad al jefe del operativo, el comisario mayor Néstor Vera. Igual aseguró que la policía no lleva balas de plomo a los desalojos. Fellner, candidato a sucederlo en la gobernación, sostuvo que “estos hechos tienen claramente un transfondo político, mediático, donde algunos usaron la necesidad de la gente de tener un terreno y casa propia, con un claro objetivo, las futuras elecciones”. Junto a ellos estaba el ministro de Gobierno, La Villa, de quien depende la policía. Al rato, presentó la renuncia.
Fuente:Pagina12
Rechazos y repudios
- Dirigentes políticos opositores se pronunciaron en rechazo de la represión y responsabilizaron a los gobiernos de la Nación y de Jujuy. “Es una vergüenza, una barbaridad que demuestra de qué manera el kirchnerismo resuelve los problemas de la gente”, dijo Fernando “Pino” Solanas. “Es una demostración más de lo que representan los derechos humanos para este gobierno”, aseguró Eduardo Duhalde. “Exigimos a la Nación que intervenga para frenar este accionar repudiable y se castigue a los responsables”, pidió Victoria Donda. A los repudios se sumaron Elisa Carrió, Ernesto Sanz, Jorge Altamira y otros.
- También organismos de derechos humanos y dirigentes sociales se pronunciaron. El CELS repudió la “brutal represión” policial y pidió la intervención del Estado nacional. “Tanto el gobierno y la policía provincial como los funcionarios judiciales involucrados son responsables por las muertes producidas a causa de la violencia del operativo”, señaló el organismo, que consideró inadmisible “que se sigan produciendo muertes por la represión de conflictos sociales”. El CELS indicó que si bien el gobierno “ratificó la política de no represión, resulta insuficiente mientras no se vuelque en un protocolo obligatorio de actuación y no se involucren en este cambio cultural la Justicia y las policías provinciales”. Las Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora aseguraron que repudiaban “enérgicamente la agresión” y que exigían “una inmediata intervención de las autoridades”. El líder de la CTA, Hugo Yasky, calificó el operativo como un “acto criminal que no se justifica”.
- La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expresó una “honda preocupación” por los hechos.
Fuente:Pagina12
Movilización en el Obelisco
Dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) convocaron a una movilización para hoy a las 11 en el Obelisco porteño, en repudio a los incidentes en la ciudad de Libertador General San Martín. Ayer por la tarde, algunos manifestantes protestaron, rompieron vidrios y realizaron pintadas frente a la Casa de la Provincia de Jujuy en la ciudad de Buenos Aires en repudio al desalojo, en el que murieron al menos tres personas como producto de la represión.
Fuente:Pagina12
Represión en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy. La justicia investiga si actuó la seguridad privada de la firma
Cuatro muertos por un desalojo pedido por el Ingenio Ledesma
Publicado el 29 de Julio de 2011
Por Ramiro Barreiro
Cuatro jujeños –uno de ellos menor de edad– murieron y uno luchaba por su vida al cierre de esta edición luego de un cruento enfrentamiento que duró unas seis horas entre efectivos policiales e integrantes de la Corriente Clasista Combativa (CCC). El choque se produjo por una orden de desalojo de un predio de la empresa Ledesma ubicado en la localidad de Libertador General San Martín, a 113 kilómetros de la capital jujeña. Entre los fallecidos, uno es policía y los otros tres manifestantes, al igual que el herido de gravedad, y tanto ellos como muchos de los lesionados presentaron impactos de armas de fuego de calibres menores. Sin embargo, ambas partes negaron empuñar revólveres aunque el diputado nacional Marcelo Llanos aseguró que “hubo excesos por parte de la policía”. El terreno de 15 hectáreas volvió a ser ocupado luego de la represión con un número mayor que las 700 familias que lo habitaron en un principio. Dos bebés debieron ser atendidos por inhalar gases lacrimógenos.
Ayer a las 6 de la mañana, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de Libertador General San Martín recibió varios llamados que alertaban sobre un enfrentamiento con disparos de armas de fuego en un predio ubicado al Noroeste de la ciudad, cerca del puente del río San Lorenzo que la comunica con el Parque Nacional Calilegua. Al instante, se movilizaron cinco ambulancias de San Martín y otras dos de localidades aledañas sin que sus choferes y médicos supieran que deberían completar el mismo trayecto una y otra vez durante las próximas seis horas, trasladando más de 60 heridos, además de los cuatro muertos que dejó el enfrentamiento. La orden fue firmada por el Juez de Instrucción Nº 6, Jorge Samman, horas antes de que comenzara la feria judicial en la provincia que el próximo domingo se someterá a elecciones internas tanto del PJ como de la UCR. La denuncia contra el campamento que 700 familias habían levantado desde hace una semana la hizo el grupo económico Ledesma, dueña de los terrenos. La decisión fue ejecutada por la jueza de turno, Ana Carolina Pérez Rojas en el mismo momento en que el diario Libertador Hoy contaba en su portada que “El desalojo es inevitable: Instan a la gente a abandonar el predio”. En el mismo sentido, y una vez consumados los trágicos hechos, el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Marcelo Llanos, aseguró a la radio local Génesis: “El intendente (Jorge Ramón) Alé trató de llevar alguna solución, pero no tuvo las herramientas necesarias para destrabar el conflicto.” Alé, por su parte, esbozó que “la orden de desalojo por parte del Juzgado de San Pedro ya era conocida por los integrantes de la Corriente Clasista y Combativa”.
Enrique “Kike” Mosquera, uno de los máximos referentes de la CCC en la provincia norteña, dijo a Tiempo Argentino: “Nos enteramos de la orden esta misma mañana (por ayer). Teníamos un compromiso de Ledesma que nos iban a dar estas tierras porque hay miles de familias que necesitan tierras. Después dijeron que entregaban las tierras siempre y cuando el gobierno provincial encarará un plan de viviendas. Se pasan la pelota entre ellos y ahora estamos con esta batalla en la que nos han tirado con balas de plomo. Por eso hacemos responsables al gobierno, al ministro de gobierno, al juez y a la empresa Ledesma de esta situación”.
El director del hospital Oscar Orías, Roberto Maizel, tuvo que operar a uno de los heridos con sus propias manos, en un hecho que demuestra la intensidad de los enfrentamientos. Dijo a Tiempo: “Vivimos algo parecido a mediados del ’97 pero no a esta magnitud. Estamos consternados y fue caótico”, y comunicó que las víctimas fatales son el policía Alejandro Farfán, de 22 años, quien recibió una herida de arma de fuego en el cuello y los manifestantes Félix Reyes, de 21, y Ariel Farfán, de 17. Ambos llegaron sin vida al centro asistencial y recibieron heridas de arma de fuego en el hemitorax izquierdo. El otro fallecido es Juan Velázquez, quien recibió una herida de arma de fuego en la región frontal del cráneo. Murió camino a San Salvador de Jujuy luego de permanecer varias horas en Terapia Intensiva al igual que Víctor Heredia. Este último se debatía entre la vida y la muerte al cierre de esta edición dado que recibió un impacto de bala en el cerebro. Su estado es crítico. También están en esa unidad asistencial David Méndez, con una herida de arma de fuego en el abdomen –operado por el propio Maizel- y Julio Vidaurre, de 21 años, con una herida de arma en el hemitorax derecho, aunque estable. El médico contó, además, que hubo un total de 63 personas heridas (la mayoría por oriedrazos), que el SAME trasladó a 39 de ellas y que debieron asistir a un bebé de nueve meses y a un niño de un año y medio que vivían en el asentamiento y resultaron ahogados por los efectos de los gases lacrimógenos que habrían sido disparados hasta el interior de las precarias viviendas. Además, cuatro personas se acercaron en forma espontánea al hospital.
Fuente:TiempoArgentino
Renunció un ministro
Publicado el 29 de Julio de 2011
El gobernador de Jujuy, Walter Barrionuevo, anunció que separó de su cargo al responsable del operativo policial que intervino en el desalojo de esta madrugada en un predio en la localidad de Libertador San Martín. Además anoche renunció a su cargo Pablo Lavilla, ministro de Gobierno y Justicia.
Barrionuevo manifestó su “sorpresa y bronca” por los hechos y separó de su cargo al responsable del operativo policial que intervino en el desalojo. En una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno provincial, el gobernador dijo que no encontraba “explicación” a los incidentes, subrayó que la policía jujeña tiene orden de “no llevar armas, solamente escudos” en estos casos y reveló que había ordenado a la policía “no avanzar” sobre los ocupantes.
El mandatario dijo que “las cosas se investigarán como corresponden” y desplazó al encargado del operativo policial, el titular de la Unidad Regional Cuatro, comisario Néstor Vera.
“Me llamó la atención además cómo un juez firmó una orden de desalojo y luego se va con liviandad de feria”, cuestionó el gobernador, que además aseguró que la gente que estaba en el lugar “sabía que iba a haber un operativo y ante esa situación, sacaron a las mujeres y niños del predio y cuando la policía llego al lugar, se encontraron a jóvenes y hombres con capucha y con la cara tapada”. Además, sostuvo que “otro dato que llama poderosamente la atención, según rumores que llegaron, es la participación del personal de seguridad del ingenio Ledesma, que habría ayudado al personal policial con la ejecución de la orden judicial de desalojo”.
Fuente:TiempoArgentino
Opinión
Cuando la historia de la injusticia social se pone de manifiesto a sangre y fuego
Publicado el 29 de Julio de 2011
Por Gustavo Cirelli Vicedirector de Tiempo Argentino.
El proceso político iniciado en mayo de 2003 por Néstor Kirchner y que continuó la actual presidenta tuvo, entre otras características inusuales en la Historia argentina, la de no reprimir las demandas sociales. Un dato que no es menor si se repasa que fueron miles los caídos del campo popular por reclamar un derecho donde había y hay una necesidad. Ahí están, por ejemplo, imborrables en la memoria, sin ir más lejos, Kosteki y Santillán, o Mariano Ferreyra, asesinado por el plomo de una patota sindical habituada a mantener su esquema de negocios amparados en la violencia y la impunidad.
Ayer en Jujuy, los palos y las balas de la represión volvieron a enlutar a los sectores que nada tienen, que pelean, en este caso, por una porción de tierra donde levantar una casa humilde que los cobije. Cuatro muertos, uno de ellos policía –que sin dudas también pertenece a las clases populares, esas que sólo asoman a los oropeles de la oligárquica familia Blaquier, viejo conocidos de genocidas, ojeando de casualidad alguna revista prestada–. La historia misma de la injusticia social se puso de manifiesto a sangre y fuego en un recodo del país.
Vale recordar, en estos días tan porteñamente difíciles de entender, que es represión lo que reclamó –y reclama– Mauricio Macri ante las demandas populares, como fue, ayer nomás, durante la toma del baldío denominado Parque Indoamericano en el sur de la ciudad. El candidato guionado por Durán Barba repetía una y otra vez que el Ejecutivo nacional no le entregaba los medios –entiéndase: la Federal y sus balas– para echar del predio a los ocupantes. Aquella postal trágica ayer se reflejó en Jujuy. Palos y balas nunca son la solución por más que se escondan detrás de una aparente comparsa multicolor. Eso es Pro. Ahora es el turno de una urgente acción de la Justicia y del gobierno provincial para determinar qué pasó en el predio de la empresa Ledesma, en la ciudad jujeña de Libertador general San Martín, para que las muertes de estos jóvenes no se hundan en la impunidad. Y para que la sangre de los pobres no vuelva a ser arrojada a la tapa de los diarios cuando lo más nefasto de la política se acomoda la corbata de candidato. Restan tres meses para las elecciones de octubre. Hay que tenerlo en cuenta.
Fuente:TiempoArgentino
Derechos humanos de la nación pidió “soluciones pacíficas”
Piquetes en la provincia, destrozos en Capital y un amplio repudio
Publicado el 29 de Julio de 2011
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expresó su “honda preocupación” por los incidentes ocurridos en Jujuy, y advirtió que “las únicas herramientas útiles para la solución de la problemática social parten del diálogo y no de la represión”. En un mensaje al gobierno jujeño, del PJ, la Secretaría recordó que el gobierno nacional “desde mayo de 2003 ha desterrado el uso de la fuerza y la violencia para resolver conflictos de este tipo, y efectúa un llamamiento para que se privilegie la búsqueda de soluciones pacíficas, tanto por quienes reclaman por sus derechos como por quienes tienen la tarea de mantener el orden”.
Por otra parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) condenó la brutal represión mediante un comunicado que dice: “Luego de 28 años de gobiernos democráticos es inadmisible que se sigan produciendo muertes por la represión de conflictos sociales. Los Estados nacional y provincial tienen la obligación de encontrar formas no violentas para canalizar las demandas y garantizar los derechos de quienes reclaman (…) El gobierno nacional debe trabajar con las provincias para definir protocolos que prohíban el uso de armas de fuego en estos ámbitos de actuación, dispongan la presencia de interlocutores políticos y contemplen situaciones de particular vulnerabilidad, como las de las personas que resisten a un desalojo. La represión, ocurrida en tierras pertenecientes al Ingenio Ledesma, remite a la relación promiscua de esta empresa privada con las fuerzas políticas y represivas provinciales.”
La empresa Ledesma, por su parte, giró otro texto en el que expresa: “Ledesma SAAI lamenta profundamente las víctimas de los graves acontecimientos de violencia ocurridos en el día de la fecha, y espera que la investigación judicial esclarezca los hechos lo antes posible.” En el escrito, la empresa se hace cargo de denunciar la ocupación.
Finalmente, referentes de la oposición como Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, “Pino” Solanas y Christian Castillo mostraron su repudio por los hechos y coincidieron en culpar por los hechos al kirchnerismo.
Lo mismo hizo el senador nacional por el radicalismo Ernesto Sanz, quien dijo que en el gobierno nacional “conviven” el “crecimiento con la represión”. También en campaña, Eduardo Duhalde opinó que esto “es una demostración más de lo que representan los Derechos Humanos para este gobierno”.
Fuente:TiempoArgentino
Jujuy: gobernador separa a jefe del operativo
Walter Barrionuevo anunció que separó de su cargo al responsable del operativo policial que intervino en el desalojo de esta madrugada en un predio en la localidad de Libertador San Martín, que derivó en enfrentamientos que provocaron la muerte de un policía y dos jóvenes.
28.07.2011
Barrionuevo, dijo "no encontrar explicación" a los incidentes de esta madrugada, recordó que su gobierno muchas veces fue criticado "por la consideración y sensibilidad que actuamos ante cada protesta", y subrayó que la policía jujeña tiene orden de "no llevar armas y sólo escudos", ante hechos de este tipo.
El mandatario jujeño lo expresó esta tarde en una conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno provincial, acompañado por el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner, y el ministro de Gobierno, Pablo La Villa.
"Como gobernador señalo que las cosas se investigarán como corresponden", expresó, y agregó: "no encuentro explicación a los sucedido en Jujuy, es rarísimo".
Barrionuevo aseguró que desplazó al encargado del operativo policial, el titular de la Unidad Regional Cuatro, comisario Néstor Vera, y que como consecuencia de los hechos fueron atendidos en el lugar 63 personas, de las cuales 30 eran policías.
"Me llamó al atención además como un juez firmó una orden de desalojo y luego se va con liviandad de feria", dijo el gobernador quien aseguró que la gente que estaba en el predio del Ingenio Ledesma "sabían que iba a haber un operativo a tal punto que no habían mujeres ni niños" al momento de irrumpir la policía en el lugar.
Indicó que los que recibieron a las fuerzas de seguridad "estaban con gorros y con sus rostros cubiertos" y sostuvo que investigarán la versión que dice que junto a la policía actuó personal de seguridad de la empresa Ledesma.
"Las cosas se investigarán como corresponde" acotó Barrionuevo y destacó que "hubo una intención mediática también en torno a estos hechos, ya que antes de que se conociera lo sucedido en la provincia, desde Buenos Aires ya había un despliegue de medios" informando lo ocurrido.
El gobernador aseguró que "siguen internadas cuatro personas, dos policías y dos jóvenes" y ratificó que "ningún niño ingresó al hospital".
El mandatario provincial recalcó que "estos hechos se desencadenan cuando se estaban en conversaciones para desactivar este conflicto", y reiteró su sorpresa porque "en Jujuy hace mucho que vivimos en paz social".
Por su parte, el ministro de Gobierno Pablo La Villa dijo que "los policías en Jujuy tienen orden de no llevar armas de fuego, sólo escudos", y señaló que "los usurpadores ya estaban notificados, hubo conversaciones con ellos anteriormente y hoy cuando llegó la Policía fue recibida con piedras y armas de fuego".
La Villa relató que esto se confirma porque "el primer herido que llega al hospital fue el policía que luego murió. En todo momento se trató que hubiera un desalojo pacífico, pero los manifestantes estaban encapuchados y con los rostros cubiertos. Si hubo error en el procedimiento lo va decidir la Justicia".
Fuente:ElArgentino
Jorge osvaldo samman
Las sospechas que pesan sobre el juez
Publicado el 29 de Julio de 2011
En 2004 dejó en libertad al hombre que Romina Tejerina señaló como su violador. Negó que se hiciera un examen genético.
En ese puesto estaba en febrero de 2004, cuando decidió dejar en libertad a Eduardo “Pocho” Vargas, el comerciante al que Romina Tejerina (la joven que fue presa por matar a su bebé durante el puerperio) había señalado como su violador.
La defensa de Tejerina había solicitado que Vargas se hiciera un análisis de ADN, pero el juez Samman no dio lugar a ese pedido y liberó al comerciante 23 días después de que fuera detenido.
Pero antes de absolverlo, les preguntó a algunos testigos si Tejerina vestía polleras cortas o era provocativa.
En diciembre de 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el sobreseimiento del acusado.
En un artículo publicado el 11 de febrero de este año en el diario Página/12, Mariana Vargas, abogada de Tejerina, aseguró que en San Pedro de Jujuy se declaraba la “emergencia por violencia sexual y doméstica”, a partir de que allí quedaran en libertad tres acusados de violar a una niña de diez años.
Escribió Vargas: “El juez Samman liberó a los violadores sin resolver la cuestión de fondo (ni sobreseyó, ni dictó la falta de mérito; tampoco los procesó), por lo que la querella no pudo apelar, ya que le está vedado por el Código Procesal cuestionar decisiones sobre la libertad de los imputados. Esta forma de resolver las causas por parte del juez Samman es habitual: ordena la libertad y luego las causas duermen.”
En marzo de 2009, la periodista Josefina Licitra detalló en la revista Rolling Stone que Samman también fue el juez de la causa de Olga Verón, una joven de 16 años que denunció a su padre por violaciones y malos tratos.
En su intervención en la denuncia por “intento de homicidio”, el magistrado citó a la víctima y al acusado a una audiencia compartida.
“Ya no quiero vivir con él”, le dijo Verón. “Vuelva a su casa y respete a su papá, que la cuida y la quiere”, contestó el juez.
Dos meses después de esa audiencia, Olga asesinó a su papá.
Fuente:TiempoArgentino
El emporio de la familia blaquier-arrieta
Ledesma y su historia amarga: del azúcar a la represión de la dictadura
Publicado el 29 de Julio de 2011
El Ingenio Ledesma tuvo su origen en los primeros intentos de producción de azúcar de manera artesanal, en el siglo XVII. Cuando los terratenientes lograron expulsar a los jesuitas –verdaderos pioneros de esa industria–, el negocio azucarero se desarrolló bajo dos modelos diferentes: en Tucumán, la concentración demográfica permitió a los campesinos vender su producción a los empresarios molineros, mientras en Jujuy, el rasgo distintivo fue la concentración de la tierra y la fábrica-ingenio con un mismo propietario. Ya para principios del siglo XX, Ledesma constituía uno de los mayores factores de poder en el norte argentino, porque producía cerca del 85% del presupuesto anual de la provincia de Jujuy. A mediados de 1923, se incorporó el ingeniero Herminio Arrieta, fundador del Ledesma moderno, que dirigió la empresa entre 1945 y 1970. En 1952, ingresó como directivo su yerno, Carlos Pedro Blaquier, actual presidente de Ledesma.
En 1945, el peronismo trató de acotar el accionar monopólico de los grandes industriales azucareros. Pero Ledesma siempre recurrió a los militares para eliminar leyes y créditos para los minifundios. En uno de los contadísimos reportajes que concedió –publicado hace unos años por el diario La Nación–, Carlos Pedro Blaquier explicó las razones de su desconfianza hacia las mayorías, hablando peyorativamente de “votocracia”: “El problema de los países en vías de desarrollo es que la mayoría de los que votan son subdesarrollados.” Autor de varios libros de historia y filosofía, Blaquier, pronto a cumplir 83 años, elaboró una curiosa teoría de las desigualdades: “Es comprensible –no justificable– que por las características de la naturaleza humana los menos dotados se consideren injustamente tratados e intenten sustituir a los mejor dotados. Esto es lo que con toda razón se ha llamado la envidia igualitaria”.
Fuente:TiempoArgentino
“La noche del apagón”
Publicado el 29 de Julio de 2011
El 24 de marzo de 1976, el mismo día en que se inauguraba la dictadura militar encabezada por Videla, Massera y compañía, en el pueblo del Libertador General San Martín un grupo de policías y gendarmes apoyados por personal de seguridad de la compañía Ledesma secuestró al intendente Luis Arédez, médico muy reconocido en la zona que había oficiado como consultor del Sindicato de Obreros del Azúcar y el Papel del ingenio. El 27 de julio, y mientras Arédez seguía detenido, el pueblo jujeño sufrió lo que desde entonces se conoce como “la noche del apagón”. Las autoridades militares cortaron el suministro eléctrico y, en medio de la oscuridad, secuestraron a unas 400 personas de San Martín y de Calilegua, que fueron llevadas en vehículos de la empresa a centros clandestinos de detención instalados en los galpones de mantenimiento del ingenio. Allí permanecieron días y meses atados y encapuchados. Los que sobrevivían a las torturas eran destinados al penal de Gorriti y de ahí al campo de concentración de la localidad de Guerrero, actual Escuela de Policía de Jujuy. Treinta de los detenidos –incluido Arédez– permanecen desaparecidos.
Fuente:TiempoArgentino
H.I.J.O.S.
28/7/2011
H.I.J.O.S. repudia los asesinatos en Jujuy
Desde H.I.J.O.S. expresamos nuestro más enérgico repudio a la represión en Jujuy, que causó un número aún indefinido de asesinados y heridos, y exigimos el inmediato Juicio y Castigo a todos los responsables. Una vez más, decimos que la represión no puede ni debe ser la respuesta a ningún conflicto social. Eso es inadmisible y grave.
El violento desalojo del predio en la localidad de Libertador General San Martín no ocurrió en cualquier contexto y lugar: se da en el marco de una toma de los pobladores a causa de la falta de viviendas y de un conflicto salarial de los trabajadores de la empresa propietaria del predio, el Ingenio Azucarero Ledesma. Además, se produce en el marco del 35º aniversario de “La noche del apagón”, cuando la empresa Ledesma aportó sus camiones e instalaciones para el secuestro, tortura y desaparición forzada de cientos de trabajadores, estudiantes y otros militantes. Eran alrededor de 400 y 30 de ellos continúan desaparecidos.
No es casual que los Blaquier sigan vinculados a la opresión de los trabajadores y su represión. Incluso hay denuncias que señalan que hoy, en una vuelta siniestra al pasado de la empresa, agentes de vigilancia de Ledesma habrían participado en el operativo policial. Ledesma sigue siendo un enemigo del pueblo, como lo fue durante la última dictadura cívico-militar. Pero tampoco podemos dejar de ver las demás responsabilidades en los hechos de hoy: funcionarios, el juez que dictó la orden de desalojo y represión, los jefes y participantes del operativo, el gobierno provincial.
Hoy se cometieron hechos muy dolorosos para todos, porque las balas policiales nos vuelven a arrancar a pibes que tenían sueños, proyectos, familia, derecho a protestar. Esto no puede quedar impune. No toleramos más muertes: ya basta.
Expresamos nuestra solidaridad y abrazo a los familiares y compañeros de las víctimas y reafirmamos la exigencia de Juicio y Castigo a los responsables y culpables.
H.I.J.O.S.
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
hijos@hijos-capital.org.ar
Fuente:Agndh
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