“El Estado terrorista cometió crímenes, y es el Estado democrático el que tiene que hacerse cargo de esos crímenes”
Publicado el 26 de Junio de 2011
Por Daniel Enzetti
El próximo martes 28 de junio comienza en Bahía Blanca un proceso con características inéditas: 19 imputados por violaciones a los Derechos Humanos serán juzgados por su responsabilidad directa con la represión dentro del área del hasta hoy escurridizo V Cuerpo de Ejército. Las audiencias se desarrollarán en la Universidad del Sur, donde todavía trabajan docentes involucrados en la causa, protegidos por Vicente Massot y su diario golpista La Nueva Provincia.
–Lo de Bahía fue una especie de quiebre, porque en aquel momento era común que los militares se juzgaran a sí mismos.
–Efectivamente, escudados en la Ley 23.049 impulsada por Raúl Alfonsín, que circunscribía las supuestas investigaciones al círculo íntimo del Consejo Supremo. Recordemos que en ese momento las Cámaras del país no hicieron absolutamente nada con el tema, salvo la de Bahía, que tomó aquella decisión. Empezamos a trabajar a principios de diciembre de 1986, pero el problema fue que el día 23 se conoció la Ley de Punto Final. Tuvimos que correr a contrarreloj para citar a los imputados, porque de otra manera corríamos el riesgo de que quedaran afuera de cualquier posibilidad de acusación. Habilitamos la feria judicial en enero, y finalmente citamos a los sospechados de delito. Había militares de muy alto rango como los generales AC del Vilas, Abel Catuzzi y José Luis Sexton, que detectamos junto a los que integraban la plana mayor de los G1, G2, G3 y G4, áreas que en el Ejército correspondían a Personal, Inteligencia, Operaciones y Logística. Entre otra cosas fue posible identificar a los responsables del Destacamento 181, donde operaba un experto interrogador y torturador, el coronel Antonio Losardo. En el medio del trabajo ocurrió el alzamiento de Semana Santa y después la Ley de Obediencia Debida, en junio de 1987.
–¿Cuántos imputados había hasta ese momento?
–Aproximadamente 30, y un material muy interesante que después, cuando llegó la impunidad, nos sirvió como aporte al juez Baltasar Garzón para que la tarea siguiera en el exterior. Yo cuestioné la Obediencia Debida por inconstitucional y la Cámara nuestra me dio la razón, pero después el pedido fue rechazado en la Corte. Eso motivó que la acusación quedara limitada sólo a los altos jefes.
–¿Siguió avanzando?
–Sí, e incluso se pudieron abrir expedientes relacionados a la Marina. Pero el cierre vino cuando Carlos Menem decretó los indultos en 1989. Frente a ese panorama que planteaba el menemismo, nos abocamos a dos cosas: girar la mayor cantidad de datos a Garzón con el objetivo de que las investigaciones no se interrumpieran, y al mismo tiempo seguir recopilando información para lo que diez años después, en 1999, fueron los Juicios por la Verdad, que no tenían capacidad de punición, pero servían como herramienta para dilucidar muchas cuestiones relacionadas con las desapariciones y los secuestros. Esta fue una historia de idas y vueltas permanentes: en Bahía cajonearon expedientes, rechazaron los Juicios por la Verdad, y quedamos parados hasta que se derogaron las leyes de impunidad y la Corte se pronunció en 2005. Finalmente, todo lo acumulado, más nuevos elementos que aparecieron en estos años, como habeas corpus y testimonios, es lo que conforma hoy esta acusación y el proceso que se iniciará la semana próxima. La columna vertebral de lo que arranca el martes sin duda está en aquello que se hizo, después completado con información complementaria. Recuerdo, por ejemplo, que nosotros habíamos conseguido los apodos de algunos represores y cuidadores del centro clandestino de detención La Escuelita, El Zorzal, El Abuelo, Chamamé, pero no sabíamos a quiénes correspondían los alias. Esa gente pudo ser detenida en el último tramo, y sus participaciones se incorporaron a la causa.
–Los 19 imputados por la represión en Bahía Blanca esperan las audiencias detenidos, pero hasta hace un par de meses estaban en libertad. En este último período un juez fue recusado, y remplazado por los actuales. ¿Cómo se explica lo que ocurrió?
–Es una historia larga. Al llegar el kirch-nerismo y reiniciarse los juicios me pidieron opinión sobre la manera de juzgamiento, y yo sostuve que los procesos debían ser conducidos por cada juzgado federal. En Bahía, el juez Alcindo Álvarez Canale complicó las cosas y la causa prácticamente no avanzó, pero no ocurrió lo mismo en Neuquén, donde incluso ya hay algunas condenas. Un mes antes de irme de la fiscalía, en mayo de 2009, pedí la elevación a juicio oral de todo lo que habíamos recopilado, y lo único que hizo Álvarez Canale fue demorar las cosas. Una actitud similar a la del Tribunal que tenía que hacerse cargo del proceso, integrado por el juez Juan Velázquez. Velázquez es amigo de un imputado y de los defensores, y pocos días antes de la fecha en que debía iniciarse este juicio, en abril, lo descubrieron en una reunión con los abogados de los acusados. Por supuesto fue recusado y apartado del proceso, lo que llevó a que el nuevo tribunal fijara otra fecha.
–¿Se conocían antecedentes de Velázquez?
–Siempre formó parte del círculo íntimo de contactos de Bahía, un lugar que se maneja con amistades e influencias en todos los sectores. El mismo Vilas, por ejemplo, reconoció que el juez Guillermo Madueño, que ocupó los tribunales de la ciudad durante la dictadura, era el nexo más importante entre la justicia y los represores. Madueño, incluso, asistía a los centros clandestinos, presenciaba torturas y manejaba hábeas corpus. Dos de los secretarios que actuaban con él, Mario Hugo Sierra y Gloria Girotti, también conocían los lugares de detención. Sierra fue otro de los que participó en aquel encuentro con Velázquez y los abogados defensores.
–Varios sectores criticaron los Juicios por la Verdad, tildándolos de “vidrieras testimoniales” que no iban más allá. Sin embargo, muchos elementos probatorios que forman parte de los procesos actuales en la provincia de Buenos Aires surgieron de aquella experiencia.
–Los juicios no sólo sirvieron como un disparador para impulsar nuevas denuncias, sino también como manera de seguir acumulando material que derivara en condenas concretas. Y un ejemplo es lo que pasó con Julián Corres, imputado en esta causa de Bahía. Recuerdo que lo citamos para el lunes posterior a la asunción de Fernando de la Rúa. Y cuando Ricardo Brinzoni vino a la ciudad a poner en funciones al responsable del V Cuerpo de Ejército, él mismo se comprometió a que Corres, en ese momento teniente coronel designado en un departamento de Inteligencia de la Patagonia, asistiría a la audiencia. Corres fue, comentó que le decían “El Laucha”, aunque como siempre pasaba con los militares, dijo no recordar absolutamente nada de esa época. Sin embargo pudimos imputarlo gracias al testimonio de Patricia Chabat, una chica que fue secuestrada a los 18 años y que además de torturas sufrió distintos abusos sexuales. Ella recordó aquel apodo y ubicó a Corres como integrante del grupo que la sometía. Hasta hicimos un careo que fue registrado y documentado. Lo único que recibimos de Ricardo Gil Lavedra, entonces ministro de Justicia, fue la recomendación de que los Juicios por la Verdad debían hacerse a puertas cerradas para evitar los “escándalos”. El caso Corres es muy interesante. Cuando se fugó tuvo mucha cobertura de Héctor Lapeirade, un empresario que no sólo lo protegió, sino que además le dio trabajo. También me acuerdo de otra cosa con Brinzoni: en el mismo acto de asunción aproveché para reclamarle los archivos de la dictadura. “Discúlpeme doctor –me dijo–, pero le juro que en ninguna unidad militar existen constancias de esa época. Aunque no descarto que en la caja fuerte de algún general esté la documentación.” El mensaje era: “La documentación está, pero no la van a encontrar en los cuarteles.”
–¿De qué manera describiría a la sociedad bahiense?
–Creo que cuando se descorran estos velos aparecerá una Bahía Blanca todavía más cómplice de la dictadura que lugares como Córdoba o Mendoza, emblemáticos en ese sentido. Pensemos que Bahía tiene el V Cuerpo de Ejército, la Jefatura 5ª de Gendarmería que abarca a toda la Patagonia, la Jefatura Mar Argentino Norte que incluye desde Mar del Plata hasta Puerto Madryn, la Prefectura Bahía Blanca, y la Base Naval de Puerto Belgrano, la más grande de la Argentina, lugar nada menos que donde se generó la Revolución Libertadora en 1955. A eso sumemos la presión de la Iglesia y La Nueva Provincia, un medio que cuando a Vilas lo separaron le organizó una caravana de despedida hasta el aeropuerto. Juan Ramón Cachero, un periodista del diario de la familia Massot, apareció hace poco identificado como agente del Ejército. Es el mismo que se desempeñó como apoderado del partido político de Eduardo Massera. Bahía tiene otro costado subterráneo, el de las radios alternativas, el de una fuerte impronta cultural y social. Pero sin embargo, la Bahía oficial, la del poder, la que marca el discurso público, es ultraconservadora, ultracatólica, muy pacata, con mujeres luciendo sus tapados de piel en el Teatro Municipal.
–¿Cómo imagina el juicio que arrancará el martes?
–Todo lo que decíamos recién hace que las expectativas sean muchas. Es tal vez el juicio más grande del interior del país, por la cantidad de víctimas. Se trabajará con aproximadamente 100 casos, pero más allá del juicio en sí mismo, que por supuesto está pensado como un acto reparador y de búsqueda de la verdad, hay una cuestión más profunda que se debe analizar. Siempre digo que si hablamos de Estado, es necesario vincularlo con una continuidad jurídica. El Estado terrorista cometió crímenes, y es el Estado democrático el que tiene que hacerse cargo de esos crímenes. No se trata de que sólo las víctimas se comuniquen entre sí, y que los organismos de Derechos Humanos trabajen día y noche. Es el Estado el que realmente está obligado a actuar, para sanear hasta donde se pueda las heridas que generó la dictadura. Incluso, el cierre de ese círculo es, desde el punto de vista psicológico, reparador hasta para los mismos represores. Porque ellos están viviendo en infracción, a valores éticos y a principios, y es la palabra de la justicia la que los hace salir de ese lugar de clandestinidad y negación permanente en el que viven. Justamente eso es lo que hace un juicio como este: otorga visibilidad a lo negado y posibilita dar una batalla cultural diferente, aunque la palabra batalla no me guste. El debate de fondo es romper la historia oficial que nos quisieron consagrar, el discurso único de la dictadura, que todavía hoy presenta secuelas. No hubo hechos delictivos aislados, y efectivamente existió una planificación para el exterminio y el sometimiento económico y social. El golpe de Estado, por ejemplo, se denominó Plan Bolsa: marcaba las 3 de la mañana del 24 de marzo de 1976 como horario de asalto al poder; identificaba registros de “enemigos”; contemplaba lo que los militares denominaban “fuerzas aliadas”, como la Iglesia y el radicalismo; y contenía un sistema de represión y aniquilamiento minuciosamente trazado en todo el territorio nacional. En este último punto había fuertes coincidencias con el sistema represivo usado por los franceses, tanto en Indochina como en Argelia: células cerradas, grupos operativos, tareas de inteligencia, identificación de “blancos”. En cuanto a Bahía, después de los secuestros el destino era el centro clandestino de detención La Escuelita, donde los detenidos eran interrogados y torturados. Esa zona se caracterizó por registrar muchos enfrentamientos fraguados, que el mismo Vilas reconoció en sus testimonios. Por supuesto él nunca aceptó que en realidad se trataba de asesinatos de gente indefensa, pero Vilas era un experto en esos temas. Solía poner a soldados en camillas, simulándolos como muertos en esos cruces, y así engañar a la sociedad y vender a los medios que la “subversión” era peligrosa y criminal. Catuzzi, el que continuó a Vilas, era más “humano”: no ordenaba dispararle a los desaparecidos en un campo o una esquina, sino que decidía en un escritorio quién se salvaba y quién no. El cura capellán que estaba con ellos, Amílcar Vara, una vez terminó reconociéndome todas esas historias: “Y qué quiere, a usted le hubiera pasado lo mismo en esa época”, me dijo enojado. Para la dictadura, el ser humano marcado para exterminar era menos que un animal.
Fuente:TiempoArgentino
“Los meto a todos en un avión, se lo juré a Cris”, me dijo Kirchner
Publicado el 26 de Junio de 2011
Cuando en 2003 se trabajaba para la derogación definitiva de las leyes de impunidad, Cañón formó parte de un encuentro entre Néstor Kirchner y distintos organismos de Derechos Humanos, en calidad de copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria.
“Estaba sentado al lado mío –recuerda–, y cada vez que podía, yo le insistía con lo importante que significaba dejar sin efecto esas leyes. Y que si no se actuaba, eso podía significar una frustración muy grande para todos los familiares”.
“Le hablé del esfuerzo que hacía Garzón en los tribunales españoles –agrega–, y de los años que habíamos pasado juntando información. No sé, creo que lo cansé un poco con mi insistencia (sonríe), porque en un momento dio vuelta la cabeza y me dijo: ‘Mire doctor, le juré a Cris…, a mis hijos, que si acá no se puede hacer el juzgamiento los meto a todos en un avión y los mando a España’. Efectivamente, después la derogación fue una realidad.”
Y finaliza: “Reconozco que al principio desconfié un poco, dudaba sobre si eso era una pose, un intento por quedar bien con los organismos. Hasta que nos vimos otra vez con él en una charla privada. Cuando vi la manera en que abrazó a una de las Madres, casi me pongo a llorar. Ahí supe que Kirchner era auténtico, y que la cosa iba en serio.”
Fuente:TiempoArgentino
La causa, los reos y el rumano
Publicado el 26 de Junio de 2011
Se calcula que el juicio que arranca el martes en una sala de audiencias montada en el Aula Magna de la Universidad del Sur durará aproximadamente seis meses, y es el primero que involucra a represores de Bahía Blanca, señalados como responsables de asesinatos y desapariciones en la jurisdicción del V Cuerpo del Ejército, zona sur de la provincia de Buenos Aires. Los imputados, que operaban en centros clandestinos de detención como La Escuelita, de Bahía, y la cárcel de Villa Floresta, son 13 ex militares, cuatro ex policías y dos ex agentes penitenciarios acusados de privación ilegal de la libertad agravada y reiterada, y aplicación de tormentos y homicidios agravados: Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Denme, Juan Manuel Bayón, Mario Carlos Antonio Méndez, Jorge Enrique Mansuelo Swendsen, Miguel Ángel García Moreno, Julián Oscar Corres, Jorge Aníbal Massón, Hugo Carlos Fantoni, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Candal, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Héctor Arturo Goncalvez, Vicente Antonio Forchetti, Carlos Alberto Contreras, Héctor Jorge Abelleira, Andrés Reynaldo Miraglia y Héctor Luis Selaya. Los casos investigados llegan casi a un centenar.
El proceso, que debió haber comenzado en abril, sufrió una postergación al descubrirse los contactos que venía manteniendo Juan Leopoldo Velázquez, el juez del Tribunal, después recusado, con imputados y abogados de distintos represores. De esos encuentros participaron el juez Gustavo Duprat, Luis De Mira y Rubén Diskin –anteriores abogados del represor Adel Vilas–, y Mario Hugo Sierra, también investigado y docente de la casa de estudios donde se llevará a cabo el juicio. Diskin, por otra parte, es familiar de Vicente Massot, el jefe del emporio comunicacional bahiense, golpista y defensor acérrimo de la dictadura.
El cruce de amistades, influencias y complicidades es ilimitado. Sierra había sido secretario del juez Guillermo Madueño –cómplice de los militares– junto a la profesora Gloria Girotti, otra de las que está siendo cuestionada actualmente por su desempeño en los años de plomo, y mirada de costado hasta por sus propios colegas. Curiosamente ambos, Sierra y Girotti, forman parte hoy del plantel docente estable de la Universidad del Sur, un sector “tomado” por la Marina después del golpe de Estado de 1976.
En 1975, pleno auge de los grupos paramilitares que asesinaban en nombre de la Triple A, Isabel Martínez nombró como interventor en la Universidad al rumano Remus Tetu, un criminal que se había destacado como agente nazi en su país, nacido en la década de 1920. Tetu, cobijado por la cúpula eclesiástica y profesor en el colegio Don Bosco, solía pasear con matones que lo cuidaban y apretar a estudiantes “subversivos”. Uno de ellos, David Cilleruelo, fue asesinado en la puerta de la US, el mismo lugar donde la semana próxima los represores estarán sentados en el banquillo de los acusados.
Fuente:TiempoArgentino
El horror en la pluma de Galeano
Publicado el 26 de Junio de 2011
Nelly Delluci atravesó alambradas y pastizales en busca del lugar donde había sido triturada, un campo de concentración llamado La Escuelita, pero el Ejército argentino no había dejado ni un ladrillo en pie.
Toda la tarde anduvo buscando en vano. Y cuando más perdida estaba en plena llanura, deambulando sin ton ni son, Nelly vio el molino. Lo descubrió de lejos. Al acercarse, escuchó la queja de las aspas azotadas por el viento, y no tuvo dudas.
-Es aquí.
No había nada más que pasto alrededor, pero éste era el lugar. De pie frente al molino, que ya el crepúsculo teñía de rojo, Nelly reconoció el gemido que quince años antes había acompañado a los presos día tras día, noche tras noche.
Y recordó: un coronel, harto de la letanía del molino, lo había mandado maniatar. Las aspas habían sido atadas con varias vueltas de tiento, pero el molino había seguido quejándose.
(El Molino, de Eduardo Galeano)
Fuente:TiempoArgentino
No hay comentarios:
Publicar un comentario