“Los jueces demostraron que su neutralidad está quebrada”
Está asignada a la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Capital e interviene en la causa de Papel Prensa. Denunció presiones y la acusaron de “nazi” por defender al Estado.
Por Franco Mizrahi
Hace diez años que Alejandra Gils Carbó se desempeña como la única fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, por donde tramitan muchas de las causas económicas más resonantes del país. Pero a pesar de enfrentarse por más de una década contra los poderes económicos más concentrados, su labor ganó mayor notoriedad pública cuando comenzó a intervenir en el caso de Papel Prensa.
En su último movimiento jurídico en esta causa, el 28 de febrero pasado, Gils Carbó le solicitó al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, “hacerse parte” de todos los expedientes del caso “Estado Nacional c/ Papel Prensa”. Y más: “Le requerí a Moreno que me informe cada vez que eleve una apelación a la Cámara porque los jueces no me dan vista del expediente”, aseguró ante Veintitrés.
Justamente por este motivo la fiscal denunció a los magistrados Juan Garibotto, José Monti y Alfredo Kolliker Freís, integrantes de la sala C, por “serias irregularidades”. Una metodología que, advierte, se repite en otros casos donde también hay mucho dinero en juego. Y mucho dinero, en serio. Por poner tan sólo un ejemplo: en dos casos que se tramitan en la misma Cámara, las cifras en cuestión ascienden a los 1.200 millones de dólares.
–La de Papel Prensa es una causa sensible. ¿Cómo fundamentó su denuncia contra los jueces?
–Los jueces de toda la Cámara habían acatado durante años una doctrina de la Corte sobre las facultades de la Comisión Nacional de Valores (CNV) pero justo en el caso Papel Prensa decidieron dar vuelta su postura. Cuando presentamos un recurso en la Corte Suprema por este tema, desde la Cámara comenzaron a obstaculizarme el acceso al expediente. ¿Cómo? Dictaron sentencias sin darle vista previa a la fiscalía general que, en materia de fiscalización por la CNV, siempre había tenido intervención. Nunca antes había existido un caso donde la Cámara fallara sobre esa materia sin hacer ese pedido previo.
–¿Por qué sucedió con Papel Prensa?
–Prefiero contar hechos objetivos para que el lector interprete y no emitir opinión. Por ejemplo, en otro caso, donde la Cámara sí me dio vista del expediente, sucedió otra irregularidad. Se trató de una asamblea en la que los accionistas controlantes de Papel Prensa removieron a los directores designados por el Estado nacional. Cuando esa causa llegó a la fiscalía, me fijaron diez días para dictaminar. Eso jamás había sucedido en toda la historia de la Cámara Comercial. No existen plazos para un dictamen del fiscal general; si no, no se podría trabajar.
–¿Cuál es el plazo promedio?
–Depende de las prioridades. Hasta los ocho meses se considera un plazo normal porque es un dictamen previo a una sentencia definitiva que, en su gran mayoría, no son recurribles ante la Corte porque son temas de derecho común.
–¿Qué sucedió luego de la imposición de ese plazo?
–Recurrí al Procurador General de la Nación, que hizo una presentación ante la Corte y ante el Consejo de la Magistratura. Ya no era una cuestión que se limitaba a esta causa sino que se trataba de un conflicto institucional, ya que Papel Prensa no era el único caso en el que encontraba trabas. Durante este año hubo dos más donde la Cámara obstaculizó mi actuación.
–¿Cuáles fueron esos casos?
–El de Sociedad Comercial del Plata, un concurso preventivo con un pasivo de 900 millones de dólares, donde me fijaron cinco días para emitir el dictamen previo a la sentencia. Y el acuerdo preventivo extrajudicial de Transportadora Gas del Norte por 347 millones de dólares. Allí, la sala directamente me impidió ver el expediente a pesar de mis reclamos.
–¿Cómo actuó el Procurador, Esteban Righi?
–Le solicitó a la Corte que garantice la actuación del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara Nacional de Apelación en lo Comercial, frente a la evidencia de que los jueces estaban obstruyendo esa intervención, por lo menos, en estos tres casos. Al Consejo de la Magistratura le pidió que investigue la conducta de los magistrados integrantes de la sala C. Aún no se expidieron.
–¿Pudo cumplir con el plazo impuesto por los jueces en la causa de Papel Prensa?
–El plazo era imposible. Así que se me planteó el dilema de cumplir con lo que me pedían los jueces, abandonando mis funciones, o cumplir con mi deber, como dice la Constitución, de proteger el interés general de la sociedad. Opté por desobedecer la orden judicial y elevé un nuevo informe al Procurador, que informó estos hechos a la Corte y al Consejo. El 2 de marzo pasado volví a tener novedades sobre el tema: me llegaron dos escritos de los accionistas controlantes de Papel Prensa, que me fueron enviados por la Cámara, en los que me pidieron un “pronto despacho” en este expediente, que se refiere a la remoción de los directivos designados por el Estado. Pretenden que me desprenda cuando no hay ningún apuro. No sólo me presionan los jueces, también lo hacen los accionistas que controlan Papel Prensa. Esto es improcedente.
–¿Cómo sigue el caso en sus diferentes planos?
–El Estado está reclamando el acceso a la información que había sido garantizada con la coadministración judicial, que fue revocada. Recurrió a la Corte, al igual que la fiscalía, que pidió el restablecimiento de la medida. Es un tema muy sensible. El Estado tiene un paquete de acciones en una empresa que es la única planta de fabricación de pasta de celulosa para papel de diario. Una empresa creada para satisfacer al mercado local. Por eso, se trata de un claro caso de interés general. El Estado dice que el fin por el que fue creada la empresa no se está cumpliendo porque los accionistas controlantes estarían vendiéndose el papel de diario a un precio inferior al costo mientras que al resto de los competidores se lo vende a un precio superior. Lo que no sólo afectaría la competencia leal sobre el insumo básico de la prensa escrita sino que también perjudicaría patrimonialmente al Estado que es un socio que no fue parte de este negocio. Según el Estado, esta situación descapitalizaría a la sociedad.
–Usted presentó un recurso para que se restableciera la coadministración judicial de Papel Prensa. La Cámara lo rechazó y comparó sus argumentos con los utilizados por el régimen nazi. ¿Cómo entendió esas acusaciones?
–La Cámara sostuvo que la defensa que hice implicó “emular controles económicos propios de un régimen nazi”. Un comentario extravagante, injurioso y difamatorio realizado al inicio del pleito. Los jueces demostraron que su neutralidad está quebrada.
–También intervino en la fusión de Cablevisión y Multicanal. ¿Existieron irregularidades en ese caso?
–Intervine en el acuerdo preventivo extrajudicial de Cablevisión, de importancia para la efectivización de la fusión que estaba supeditada a que se homologara el acuerdo. Pero ese acuerdo había violado una ley federal que sostiene que un extranjero no puede comprar el control de una compañía de medios en la Argentina. Era el caso de Fintech que proveía los fondos para el APE a cambio del control de Cablevisión. Y, justamente, fue Fintech el que promovió la fusión con Multicanal. Por eso la fiscalía había denunciado la nulidad de este negocio. En esa ocasión, también sucedieron cosas extrañas como que los jueces quitaran del expediente un dictamen mío o escritos presentados por los acreedores. Recusé a los magistrados por falta de imparcialidad pero esa acción fue rechazada por sus pares de la Cámara.
–¿Se sintió presionada en sus funciones?
–Sí. La presión provino, por ejemplo, del insólito proceder de los jueces, que me acusaron de defender los controles económicos propios del nazismo por haber respaldado la postura del Estado nacional. Eso también fue utilizado en una campaña comunicacional por parte de los accionistas controlantes de Papel Prensa que tienen medios masivos. Reprodujeron expresiones injuriosas sobre mi persona como forma de ejercer presión y para demostrarles a los otros jueces cuál es la suerte que corren quienes no se avienen a apoyar los intereses propios de la empresa. Se utiliza la magistratura para cometer un acto ilícito a sabiendas de que será difundido por la parte que tiene intereses en el pleito.
–Usted dijo que “hay jueces que buscan quebrar las normas”. ¿De qué modo?
–Cuando se modifican o se coartan las reglas del proceso en juicios que, por su entidad económica, debieran guardar la mayor asepsia. O cuando tuercen la balanza hacia un costado. Ahí me pregunto si existen jueces plenamente independientes del poder económico concentrado. En el caso Papel Prensa se cometen actos inusuales que no suceden en otros juicios y deben ser investigados.
–¿Es posible enfrentar esos mecanismos?
–Ahora tenemos una Corte Suprema de Justicia independiente. Yo no hubiese podido realizar estos planteos con la mayoría automática de la Corte anterior. Se quebró esa coincidencia que existía entre el poder económico concentrado y los mecanismos del Estado que venía desde 1976. Que estemos conversando de esto demuestra que hay un camino posible hacia la transparencia, hacia el mejoramiento de las instituciones y la verdadera seguridad jurídica.
FuentedeOrigen:Revista 23
Fuente:Agndh
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