SALTA: REPRESIÓN DE MUJERES EN LA COMUNIDAD LULES - AMPARO JUDICIAL CONTRA MEGAMINERÍA EN ANDAGALÁ.

En un comunicado enviado a Infosur por la Comunidad Lules que fue reprimida este miércoles por efectivos de la policía de Salta, sin orden judicial, donde fueron golpeadas una decena de integrantes de esta comunidad en su mayoría mujeres y detenidas las comuneras Estela Guzmán que esta embarazada y Pastora Vilte, los Lules responsabilizaron a Urtubey por la cruel represión y lo declararon persona no grata.
Comunidad originaria Lules

Fotodeorigen:Indymedia.

“Nosotros, los hermanos de la Comunidad Lules, comunicamos a la opinión publica que el día de hoy – miércoles - aproximadamente a hs. 9,00 de la mañana personal de la Policía de Salta, Brigada e Infantería, procedieron a cortar el alambrado perimetral de nuestras tierras comunitarias, correspondientes a un predio de cinco hectáreas de las 12 mil que mantenemos como posesión histórica y ancestral ubicado en Finca Las Costas de la ciudad de Salta, para ingresar un tractor del Jockey Club. Ante este hecho, la comunidad manifestó el ingreso del vehículo, cuando fuimos reprimidos brutalmente tanto mujeres, niños y a toda persona que estaba en el lugar defendiendo sus tierras. En esta brutal represión policial fueron deteniendo dos compañeras comuneras, una de ellas, Estela Guzmán que esta embarazada, la que fue arrastrada de los cabellos; y a Pastora Vilte, que subieron desmayada en el móvil policial, aún haciéndoles conocer a los uniformados que presentaba problemas de salud, igual fue detenida”. Afirmas los Lules en el comunicado.Agregando: “De la cruel represión resultaron heridos una decena de compañeros entre mujeres y jóvenes. Periodistas agredidos, interrumpiendo las fuerzas policiales la libre tarea de la búsqueda de información garantizada en la Constitución nacional y tratados internacionales, que protegen la labor periodística.También hubo amenazas de muerte por parte de un oficial de la subcomisaria de Finca Las Costas, de la misma infantería y del personal del Jockey Club: “Ojalá los caguen matando a todos esos negros de mierda”; Hubo discriminación por parte del personal femenino de la policía: “Soltá la soga, negra de mierda”; golpes con fierros, con puños y con patadas y amenazas con disparar las armas, remontando las mismas”.Destacan que: “Es por ello que denunciamos esta represión y hacemos responsables de esta, al Gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey quien violento nuestras vidas en comunidad organizada cediendo cinco hectáreas de nuestras tierras como al Jockey Club, que usurpo las mismas sin mediar consecuencias, usufructuando e invadiendo nuestro territorio. Al administrador Parra, por propiciar la separación de los integrantes de esta comunidad originaria. Es que declaramos persona no grata al gobernador Urtubey. Haciéndolo a este, responsables de los continuos quebrantamientos a nuestra integridad física y moral, como a las leyes de protección indígena, que este ignora e incumple”.Los Lules son poseedores originarios de 12 mil hectáreas que comprende la denominada Finca Las Costas, ubicada a 15 kilómetros de la capital salteña fue decretada como reserva natural e hídrica por el exgobernador Romero, que intento desalojar a comuneros originarios que no aceptaron la imposición de la firma de un contrato de arriendo con este, los que denunciaron constantes persecuciones por aquella administración y la venta fraudulenta como la entrega a amigos del poder de las tierras que los Lules reclaman como propias.Salta, 20 de enero del 2010Comunidad Indígena Finca las Costas personería jurídica, resolución INAI Nº 0539/06
Fuentedeorigen:Infosur.
Fuente:Rdendh.


VECINOS DE ANDALGALÁ, CATAMARCA, PATROCINADOS POR EL ABOGADO DE DDHH JAVIER GARIN, PRESENTARON UNA ACCION DE AMPARO PARA QUE SE DETENGA EL PROYECTO DE MEGA MINERIA DE “AGUA RICA”, QUE AFECTARÁ LA CALIDAD DEL AGUA, EL AIRE, EL AMBIENTE Y LA SALUD. INVOCARON DERECHOS PROTEGIDOS POR LA CONSTITUCIÓN Y DICTAMENES PERICIALES QUE ALERTAN SOBRE LOS GRAVES PELIGROS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL MEGAEMPRENDIMIENTO.

Los Vecinos Autoconvocados por la Vida, de la localidad de Andalgalá, Provincia de Catamarca, Argentina, presentaron una acción de amparo reclamando a la Justicia la “prohibición de innovar“ y oportunamente la “cesación definitiva” del emprendimiento de megaminería de Agua Rica, por afectar sus derechos a la vida, la salud, la integridad física, la propiedad, la identidad cultural y a gozar de un ambiente sano y equilibrado, entre otros derechos protegidos por la Constitución argentina y por los tratados internacionales.
La demanda de 43 fojas, patrocinada por el abogado de derechos humanos Javier Garin –quien es además Vicepresidente del Foro Nacional de Derechos Humanos y Acción Humanitaria- fue presentada el 19 de enero de 2010 por ante el Juzgado de Control de Garantías de turno de la ciudad de Andalgalá, con la firma de numerosos vecinos, quienes se agolparon frente al Juzgado para manifestar públicamente su reclamo.
La acción judicial corona una serie de intensas acciones públicas por parte de los vecinos andalgalenses, quienes desde hace años intentan evitar la instalación de una megamina a cielo abierto en la zona de Agua Rica, en el nevado de Aconquija, a 3.200 metros sobre el nivel del mar y a 17 km de Andalgalá. Previamente, el pasado 15 de enero, realizaron una marcha que contó con cerca de 3.000 concurrentes en una ciudad de 17.000 habitantes.
“Pedimos la cesación definitiva de este emprendimiento –explicó el abogado Garin- porque se trata de una mina tres veces más grande que Bajo La Alumbrera que impactará negativamente sobre el Nevado del Aconquija, declarado Santuario de la Naturaleza, afectando gravemente el medio ambiente, la salud y la existencia misma de la población de Andalgalá. Detonará toneladas de explosivos diarios, contaminando el aire, y utilizará cantidades masivas de agua en una zona árida que la necesita para la vida cotidiana de la gente y para el riego de los cultivos tradicionales. Afectará las aguas del subsuelo en el Campo del Arenal, que son aguas fósiles de diez mil años de edad y que tardarán siglos en reponerse. Además contaminará las aguas superficiales en la cuenca del río Andalgalá de que depende la población. Destruirá el entorno ambiental y el patrimonio arqueológico de la zona. Y por si esto fuera poco, hay estudios geológicos que indican que las características del proyecto aumentan los riesgos de aludes, desmoronamientos, inundaciones y otros fenómenos catastróficos en perjuicio de la ciudad de Andalgalá que se encuentra a los pies de la futura mina”·
Garin explicó que “la titular del proyecto es MINERA AGUA RICA LLC propiedad de YAMANA GOLD INC, empresa creada con la fusión de varias multinacionales mineras, las que vienen a hacer en Argentina lo que no les permiten en sus países de origen: contaminar y envenenar. Vuelan montañas enteras y las reducen a escombros, y luego separan los metales usando “sopas” tóxicas que dejan desechos en el ambiente, con lo cual se llevan del país hasta sesenta minerales distintos, sin valor agregado, en crudo, algunos de ellos estratégicos, por un cánon irrisorio. Para colmo, reciben del Estado toda clase de facilidades, exenciones impositivas, subsidios y reintegros, todo para llevarse nuestros recursos naturales al extranjero dejando tras de sí tierra arrasada, con irreversibles pasivos ambientales. La megaminería a cielo abierto es reconocida en todo el mundo como una de las actividades más contaminantes, una especie de nuevo coloniaje.”
El abogado de derechos humanos agregó que “los catamarqueños ya saben como es esto, porque hace doce años les dijeron que la mina Bajo la Alumbrera les iba a llevar prosperidad y desarrollo, y la verdad es que ni siquiera tomó obreros de la zona, pues en su mayor parte vienen de otras regiones. Tenemos evidencia de que la megaminería ha implicado una anormalmente alta incidencia de patologías como cáncer, enfemedades, respiratorias, degenerativas y malformaciones, como informan médicos del Hospital de Andalgalá”
La demanda, dirigida contra la minera Agua Rica, la Secretaría de Minería, la Municipalidad de Andalgalá y la Provincia de Catamarca, cita en su apoyo los Análisis del Informe de Impacto Ambiental elaborados por técnicos de la Universidad Nacional del Tucumán –sumamente críticos con el proyecto-, así como de geólogos y otros especialistas que señalan los riesgos de derrumbe, inundaciones y contaminación de acuíferos. Asimismo cita una carta de apoyo a los vecinos del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, donde se denuncian los daños ambientales del proyecto, así como expresiones públicas de funcionarios y legisladores catamarqueños que han manifestado su preocupación.
Fuente:Rdendh