La Justicia federal elevó a juicio oral el caso en el que se investiga a los ex comandantes Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez por delitos de lesa humanidad, cometidos en el centro de detención de la Jefatura de Policía. Resolución completa
La Justicia federal de Tucumán dispuso la elevación a juicio oral de una causa en la que se investiga la participación de los ex comandantes Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez en la comisión de delitos de lesa humanidad, ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó, entre 1976 y 1977, en la ex Jefatura de Policía de aquella provincia.
Tanto a Bussi como a Menéndez se los acusan de autores de violaciones de domicilios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, tormentos seguidos de muerte, homicidios y asociación ilícita agravada.
También son investigados Roberto Heriberto Albornoz, Albino Mario Alberto Zimmermann, Alberto Luis Cattaneo, Luis Armando de Cándido, Carlos de Cándido y María Elena Guerra.
LA FISCALIA PIDIO QUE SE ELEVE A JUICIO UNA CAUSA EN CONTRA DE PATTI.
“Las defensas van a tratar de demorar todo”, advierten los abogados querellantes en una causa contra Patti.
Por Adriana Meyer
Pronto no habrá más fueros que invocar ni maniobras dilatorias para el torturador Luis Abelardo Patti. El fiscal federal de San Martín Jorge Sica solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa en la que el ex comisario, su ex jefe Eduardo Espósito, el dictador Reynaldo Benito Bignone y el represor Santiago Omar Riveros están procesados por la privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos en seis casos y un asesinato. Ahora la defensa de Patti intentará, una vez más, que el represor salga de la cárcel de Marcos Paz para llegar al banquillo de los acusados en libertad y que esa instancia se demore lo más posible. Estos últimos planteos harían que este juicio se pueda sustanciar recién el año próximo, más aún por el efecto embudo: el Tribunal Oral de San Martín tiene que juzgar primero varios casos llegados con anterioridad.
Así lo estimó el abogado Pablo Llonto, que representa a la familia del desaparecido diputado justicialista Diego Muniz Barreto. “En realidad, nosotros y la abogada Ana Oberlín, que representa a los Gonçalves, pedimos la elevación a juicio en septiembre, el fiscal recién la solicitó hace pocos días y ahora se vienen las oposiciones de las defensas que van a tratar de demorar todo”, explicó el letrado.
La investigación de los hechos estuvo a cargo del juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo, quien se jubiló a fin de año, y desde entonces la causa quedó a cargo del magistrado subrogante Juan Manuel Yalj, que ahora debe resolver el pedido de elevación a juicio.
Patti fue encontrado responsable del secuestro de Muniz Barreto y su colaborador Juan Fernández, de la desaparición de los hermanos Luis y Guillermo D’Amico y de Carlos Souto y de la detención ilegal de Osvaldo Ariosti. La Cámara de San Martín confirmó la medida pero, además, ordenó que lo procesaran también por el asesinato del militante justicialista Gastón Gonçalves, crímenes ocurridos entre marzo de 1976 y febrero de 1977 en el área del Primer Cuerpo del Ejército.
Muniz Barreto fue secuestrado junto con Fernández en Ramallo y fueron trasladados a la Unidad Regional de Tigre, para luego quedar alojados en el centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo. El ex diputado, que integró el bloque de legisladores de la llamada Tendencia, apareció muerto el 6 de marzo de 1977 en la localidad entrerriana de Raíces Oeste dentro de su auto, un Fiat 128. Fernández logró sobrevivir y dar testimonio de los hechos, antes de exiliarse en España, donde falleció. Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 y pasó por la comisaría de Escobar donde fue torturado. En tanto, Souto fue secuestrado en agosto de 1976 en Garín. Ambos se encuentran desaparecidos. Por esos días, Patti se desempeñaba como oficial subinspector en la comisaría de Escobar.
El torturador que llegó a ser intendente de Escobar quedó detenido en Marcos Paz en abril del año pasado, luego de que la Cámara de Diputados le quitara los fueros para que pudiera ser investigado por los delitos de lesa humanidad que se le imputan. Había obtenido una banca de diputado en las elecciones nacionales de octubre de 2005, pero la Cámara le impidió asumir, al considerar que carecía de idoneidad moral para el cargo. La inhabilitación llegó a la Justicia y la Corte Suprema le permitió asumir, al sostener que primero debe permitirse el juramento del candidato electo y luego proceder a su desafuero.
La Justicia federal de Tucumán dispuso la elevación a juicio oral de una causa en la que se investiga la participación de los ex comandantes Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez en la comisión de delitos de lesa humanidad, ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó, entre 1976 y 1977, en la ex Jefatura de Policía de aquella provincia.
Tanto a Bussi como a Menéndez se los acusan de autores de violaciones de domicilios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, tormentos seguidos de muerte, homicidios y asociación ilícita agravada.
También son investigados Roberto Heriberto Albornoz, Albino Mario Alberto Zimmermann, Alberto Luis Cattaneo, Luis Armando de Cándido, Carlos de Cándido y María Elena Guerra.
LA FISCALIA PIDIO QUE SE ELEVE A JUICIO UNA CAUSA EN CONTRA DE PATTI.
“Las defensas van a tratar de demorar todo”, advierten los abogados querellantes en una causa contra Patti.
Por Adriana MeyerPronto no habrá más fueros que invocar ni maniobras dilatorias para el torturador Luis Abelardo Patti. El fiscal federal de San Martín Jorge Sica solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa en la que el ex comisario, su ex jefe Eduardo Espósito, el dictador Reynaldo Benito Bignone y el represor Santiago Omar Riveros están procesados por la privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos en seis casos y un asesinato. Ahora la defensa de Patti intentará, una vez más, que el represor salga de la cárcel de Marcos Paz para llegar al banquillo de los acusados en libertad y que esa instancia se demore lo más posible. Estos últimos planteos harían que este juicio se pueda sustanciar recién el año próximo, más aún por el efecto embudo: el Tribunal Oral de San Martín tiene que juzgar primero varios casos llegados con anterioridad.
Así lo estimó el abogado Pablo Llonto, que representa a la familia del desaparecido diputado justicialista Diego Muniz Barreto. “En realidad, nosotros y la abogada Ana Oberlín, que representa a los Gonçalves, pedimos la elevación a juicio en septiembre, el fiscal recién la solicitó hace pocos días y ahora se vienen las oposiciones de las defensas que van a tratar de demorar todo”, explicó el letrado.
La investigación de los hechos estuvo a cargo del juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo, quien se jubiló a fin de año, y desde entonces la causa quedó a cargo del magistrado subrogante Juan Manuel Yalj, que ahora debe resolver el pedido de elevación a juicio.
Patti fue encontrado responsable del secuestro de Muniz Barreto y su colaborador Juan Fernández, de la desaparición de los hermanos Luis y Guillermo D’Amico y de Carlos Souto y de la detención ilegal de Osvaldo Ariosti. La Cámara de San Martín confirmó la medida pero, además, ordenó que lo procesaran también por el asesinato del militante justicialista Gastón Gonçalves, crímenes ocurridos entre marzo de 1976 y febrero de 1977 en el área del Primer Cuerpo del Ejército.
Muniz Barreto fue secuestrado junto con Fernández en Ramallo y fueron trasladados a la Unidad Regional de Tigre, para luego quedar alojados en el centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo. El ex diputado, que integró el bloque de legisladores de la llamada Tendencia, apareció muerto el 6 de marzo de 1977 en la localidad entrerriana de Raíces Oeste dentro de su auto, un Fiat 128. Fernández logró sobrevivir y dar testimonio de los hechos, antes de exiliarse en España, donde falleció. Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 y pasó por la comisaría de Escobar donde fue torturado. En tanto, Souto fue secuestrado en agosto de 1976 en Garín. Ambos se encuentran desaparecidos. Por esos días, Patti se desempeñaba como oficial subinspector en la comisaría de Escobar.
El torturador que llegó a ser intendente de Escobar quedó detenido en Marcos Paz en abril del año pasado, luego de que la Cámara de Diputados le quitara los fueros para que pudiera ser investigado por los delitos de lesa humanidad que se le imputan. Había obtenido una banca de diputado en las elecciones nacionales de octubre de 2005, pero la Cámara le impidió asumir, al considerar que carecía de idoneidad moral para el cargo. La inhabilitación llegó a la Justicia y la Corte Suprema le permitió asumir, al sostener que primero debe permitirse el juramento del candidato electo y luego proceder a su desafuero.
(Fuente:Rdendh).
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