27 de septiembre de 2016

EL JUICIO POR EL HOMICIDIO DE ANGEL GEORGIADIS Y HORACIO RAPAPORT Y EL SECUESTRO DE JULIO CESAR URIEN.

EL JUICIO POR EL HOMICIDIO DE ANGEL GEORGIADIS Y HORACIO RAPAPORT Y EL SECUESTRO DE JULIO CESAR URIEN
El vínculo entre el Ejército y la cárcel
Lucio Ramírez es un coronel que en 1977 trasladó a tres presos desde la U9 hasta el Regimiento 7 de La Plata, donde dos de ellos fueron asesinados. La fiscalía y las querellas pidieron ayer su reclusión perpetua.
Por Alejandra Dandan

Teté Piñero junto a Marta Vedio, abogada de la APD de La Plata, durante el juicio.
Imagen: Guadalupe Lombardo
Lucio Carlos Ramírez, peinado a la gomina y pelo bien tirante, no dejó de observar ni un segundo a través de sus anteojos a los dos fiscales. Fue el primero y único día de alegatos en un juicio donde es el único acusado. Mayor del Ejército de 40 años en enero de 1977, se retiró con grado de coronel. Aquí es investigado como responsable de la comisión que el 26 y 27 de enero de ese año trasladó a tres presos políticos de la Unidad 9 de La Plata al Regimiento 7, donde dos ellos fueron asesinados. “Los trasladó tabicados y maniatados, condiciones que distaban de un traslado común y silvestre”, dijeron los fiscales Juan Martín Nogueira y Hernán Schapiro durante el alegato en el que pidieron pena de reclusión perpetua por considerarlo partícipe necesario del homicidio de Angel Georgiadis y Horacio Rapaport y el secuestro de Julio Cesar Urien, que logró el traslado a Sierra Chica. Idéntica pena pidieron las querellas del CeProDh y APDH, que además solicitó la revocatoria de la domiciliaria.

María Teresa Piñero se acercó a los fiscales apenas terminó el alegato. “Les agradezco en nombre de Angel”, les dijo Teté, por entonces su esposa. Angel era militante de Montoneros, responsable en zona sur, había pasado por Descamisados y antes por los movimientos rurales de la acción misionera argentina. Teté lo conoció el 19 de diciembre de 1970 en casa de una compañera. “Militábamos en esos espacios donde la realidad te golpeaba y tenías que darle respuesta, estábamos después del Concilio Vaticano II, Medellín, donde respirabas eso de que sos responsable del otro”. En aquella casa había compañeros de siempre, y además alguien alto, grande, de cuerpo deportivo, ojos claros. “¿Quien es?, dije yo. Y por supuesto me acerqué a preguntarle”, contó ayer.
A Angel lo detuvieron el 16 de julio de 1975. Teté nunca tuvo en manos una autopsia. Ni real ni fraguada. Tampoco ocasión de encontrarse con el cuerpo. “Esto es importante para empezar a ver qué paso con él después de la U9. ¿Qué le hicieron?¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Qué dijo él? ¿Cuál fue la estructura que se hizo cargo de su traslado y asesinato? ¿Quién tomó la decisión?”

El coronel sigue en la sala sin responder ninguna de esas preguntas. El juicio es un desprendimiento del emblemático juicio de la U9 con sentencia el 13 de octubre de 2010, confirmada por la Corte en febrero de este año, que consideró a la cárcel como centro clandestino de detención. Esa causa que juzgó específicamente a los integrantes del Servicio Penitenciario dejó pendiente la relación funcional entre U9 y el Ejército, en este caso el Regimiento 7 de La Plata, cabecera del área 113, corazón represivo de la zona. Ramírez es uno de los oficiales de la plana mayor del R7 que tuvo a cargo traslados de prisioneros de uno a otro lugar. Formó parte del Comando de Operaciones Tácticas COT, estructura de operativa del R7 en la zona. “Esta causa -explicó el fiscal Nogueira– apuntó a si el imputado tenía o no tenía la posibilidad de conocer los alcances de las órdenes de traslado”.

Una de las principales pruebas sobre las que volvieron una y otra vez los alegatos es un libro de actas de la U9 en el que Ramírez registró los tres traslados con nombres, apellidos y su firma, que reconoció en esta causa. “Recibí de la Unidad 9 a los detenidos Angel Georgiadis y Julio Cesar Urien por así haberlo dispuesto la superioridad. Firmado Lucio Carlos Ramírez”, dice una de esas notas. Un día más tarde, 27 de enero, vuelve a escribir que se lleva “al detenido especial Rapaport a efectos de ser trasladado”.

Ramírez no habló en el juicio, pero su defensa usa esa firma para decir que no sabía el destino de los detenidos, que el procedimiento constituía parte de un trámite “normal”. Fiscales y querellas señalaron todo lo contrario. Nogueira habló del contexto criminal y que el traslado tuvo las características ilegales de “todo” lo sucedido. En la U9, desde mediados de diciembre de 1976 “los homicidios y las desapariciones se volvieron una práctica frecuente como consecuencia de las órdenes de traslado que finalmente encubrían la desaparición forzada de personas”. Además, inscribió a estos hechos como parte de una cadena que abarcó la masacre de Margarita Belén y el penal de Córdoba, cuyas noticias ya aterraban a los presos políticos de La Plata. El fiscal mencionó, en su punto más importante, el lugar de Ramírez en la estructura represiva. Como parte de la plana mayor del R7, Oficial S3 o G3 del COT “era una persona con una jerarquía intermedia, con responsabilidades y capacidad de dar órdenes ilegales. Y además integró la Plana Mayor del COT, que era una estructura central para la ejecución de la represión”.

Otro punto en juego es una reunión de la que Ramírez habló en sus escritos. Un encuentro con la plana mayor del estado represivo, integrado en este caso por Carlos Alberto Presti, Jefe del Regimiento 7; Juan Baustista Sasiaiñ, jefe de la X Brigada de Infantería de La Plata y Jorge Luis Arias Duval, jefe de inteligencia. Ramírez buscó decir que el sólo cumplía ordenes. Pero las querellas y fiscales entiende que el haber tenido como interlocutores directos a los jefes de la represión acentúa su peso en las operaciones.

“A ellos los detuvieron por sus identidades políticas”, dijo la fiscalía. “Los secuestraron, los torturaron y los asesinaron y desaparecieron bajo la acción del Ejército, en ese sentido la Unidad fiscal entiende que deben ser leídos estos hechos. Las tres víctimas de este juicio fueron alojadas en los Pabellones de la Muerte, igual modus operandi que en otros lugares del país para exterminar a los prisioneros políticos en lo que resultaron verdadera masacres”.

El 13 de diciembre de 1976 se produjo una redistribución de presos dentro del Penal que marcó el comienzo de las prácticas sistemáticas de tormentos, homicidios, traslados y desapariciones forzadas. Los presos políticos fueron destinados al Pabellón 1 y 2 conocidos como Pabellones de la Muerte.
Fuente:Pagina12

LA PERLA: DELITOS SEXUALES y CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.

La Perla: delitos sexuales y crímenes de Lesa Humanidad 
POR FLORENCIA GORDILLO · 
26/08/2016 
En La Perla se juzgaron los delitos sexuales como delitos de Lesa Humanidad. Los actos de violencia sexual, parte del terrorismo de Estado, fueron “tratados como tales” y no subsumidos en la figura penal de “tormentos”. Hubo siete condenas por abuso deshonesto según el artículo 127 primer párrafo del Código Penal s/ley 11.179 –a Mirta Graciela Antón, Carlos Alfredo Yanicelli, Yamil Jabour, Juan Eduardo Molina, Calixto Luis Flores, Alberto Luis Lucero, Raúl Alejandro Contreras– y una absolución por violación agravada según el artículo 119 inc 3 del Código Penal s/ ley 11.179, a Alberto Luis Choux, quien también fue absuelto por abuso deshonesto junto a Eduardo Grandi, Antonio Filiz. Marcelo Luna, Herminio Jesús Antón y Francisco Melfi.

Golpe. Picana. Golpe. Manoseo. Golpe. Violación. Golpe. Delia Galará –ex presa política entre enero de 1976 y abril de 1983– rememora los días detenida en la UP1. “Para mí, ya que me desnudaran era algo terrible, el manoseo y la violación, imaginate”.

Era la tarde. O la siesta. Delia prefiere no recordar el día que llegó una patota del Comando Libertadores de América a su casa. Había sol y la claridad resistió largas horas porque era verano. Tenía 19 años. Vivía con la suegra y el esposo –llevaban veinte días de casados–, él no estaba porque hacía el servicio militar obligatorio. Conversaba con las vecinas en la vereda cuando vio varios autos en la esquina: supo que iban por ella. Vendada y atada, viajó en el suelo de la parte trasera del auto, con los pies de un hombre sobre su espalda. Ahí comenzaron los golpes.

Estuvo diez días detenida en la D2 y después la llevaron a la Unidad Penitenciaria 1. En noviembre del 76 la trasladaron a Campo de la Ribera donde pasó otros 20 días. Era un lugar de derivación donde decidían si trasladaban a los detenidos a La Perla, los incorporaban al circuito legal de cárceles o los liberaban. Calculan que 4500 personas pasaron por Campo de la Ribera, que fue inaugurado en diciembre de 1975 como un campo de exterminio y desde marzo de 1976 –cuando apareció La Perla, el centro clandestino más grande de la provincia– funcionó como centro de detención. Todavía conserva unos piletones donde torturaban gente y los ganchos sobre la pared donde colgaban a los detenidos; en los alrededores hay marcas de balazos. En la sentencia quedó acreditado para el Tribunal que el terrorismo de Estado empezó antes del Golpe. 

Después de pasar por La Ribera, Delia volvió a la penitenciaría. Siguió la cárcel de Devoto y después Ezeiza. Ya no recuerda cuándo ocurrieron los traslados. Salió con libertad vigilada en abril de 1983 pero no pudo moverse de la ciudad hasta las elecciones de fin de año, aunque el Estado de Sitio había terminado en octubre.

Estar en una celda era como encerrar a cuatro personas en un baño. Siempre había rotación para que entre las mujeres no pudieran vincularse demasiado. “No tenés intimidad porque hacés todo ahí. A veces te cortaban el agua por 4 o 5 días entonces la higiene era terrible. Y hacías las necesidades en un tarro que estaba ahí adentro todo el tiempo. Era la denigración total. Y se complicaba por la menstruación, necesitás protección y no tenés nada”. Delia cuenta a Cosecha Roja cómo era sobrevivir en la cárcel de Devoto mientras maneja su Ford Falcon celeste camino a Tribunales. Cuando baja del auto, abre la puerta de atrás y saca dos banners con las fotos de las víctimas del juicio: todavía hay 39 rostros que no se conocen.

“Todo el proceso hormonal de las mujeres era dramático, la mayoría habíamos sufrido mucho en la primera etapa de la detención, tortura, violación. Los milicos te desnudaban y te toqueteaban”, recuerda Delia. Camina agitada por el cigarrillo y ya antes de llegar a Tribunales se abraza con la gente que conoce. Vestida de negro, contrasta con la blancura de su rostro arrugado.

No podían entrar nada a la cárcel. Fabricaban agujas con los huesos que sobraban de la comida, usaban la tela de alguna remera o de las sábanas y así cosían batitas para los bebés que estaban por nacer. Una vez, un mujer tuvo que mostrarle las tetas a un gendarme para que le crea y le avise a su familia que estaba embarazada. Días después recibió ropa pero ya había perdido el bebé de cinco meses en el mismo tacho donde hacía las necesidades.

En la cárcel de Devoto Delia conoció a Cristina Molas, hoy jubilada y militante en Ex Presos Políticos por la Patria Grande. Para ella, las mujeres se callaron por tantos años porque creían que culpa de ellas: “si vos sufriste una violación, vos tenes una responsabilidad”. Los delitos sexuales cometidos durante la dictadura fueron parte parte del terrorismo de Estado pero también responden a prácticas arraigadas en esa sociedad. “La mujer era un objeto de deseo aun cuando estuviera golpeada, vendada, aislada o sucia”.

Cristina vuelve siempre al mismo recuerdo: en Devoto estaba detenida con una chica de Santa Fe que estuvo en una celda de aislamiento: la torturaron durante días, no podía bañarse ni salir a hacer sus necesidades, vivía en la misma habitación estaban sus heces. “Y apareció Leopoldo Galtieri, que en ese momento era comandante del segundo cuerpo, abrió la puerta y le dijo ‘Yo soy Dios y tengo en mis manos tu vida y tu muerte’, después se desabrochó el pantalón y violó a la chica delante de la soldadesca que lo acompañaba”. Cuando Cristina habla de abusos sostiene la mirada fija y con la mano izquierda se pellizca los cachetes de la cara. La piel es blanca y después del pellizco se forma con lentitud una mancha roja. El cuerpo es espacio de revelaciones.

Cristina llegó a Devoto en 1977, cuando había mil presas políticas. Antes estuvo detenida en la UP1 de Córdoba. La celda era chica y dormía sola en un camastro que sobresalía de la pared gris. Había una ventana pequeña con barrotes raquíticos, aunque hiciera esfuerzo no podía ver afuera porque estaba a la altura del techo. La puerta con abertura al medio de 20 x 20 daba al pasillo. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista, fue detenida a los 23 y recuperó la libertad cuando tenía casi 30. Pasó por Río Cuarto, la cárcel de Córdoba y después Devoto.

“Recién cuando salí tuve conciencia de lo que no podíamos hacer: yo me paraba frente a la puerta y esperaba que alguien abriera, que alguien prendiera la luz, no podía decidir qué cosas comprar porque no sabía el valor de la plata”, recuerda.

Cuando la liberaron, era un día hermoso y ningún familiar la pudo ir a buscar. “Entonces me quedé mirando el cielo y me di cuenta que era inmenso, que no era el pedacito que a veces veíamos por la ventana. Me hacía daño tanto color y tanta luz”, cuenta a Cosecha Roja sentada en la librería de su amigo donde el blanco encandila y puede hablar del horror delante de la gente que entra y sale.

***

Hasta 1999 la violencia sexual representaba un delito contra la honestidad, después contra la integridad sexual contemplada en el artículo 119 del Código Penal y la ley 26.485, sancionada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. “A mí me costó mucho entender a los delitos sexuales como hecho individualizado, siempre consideré que eran parte de esa maquinaria de violencia que estaba implícita en nuestra época, cuando el Estado no te protegía como ahora. Después entendí cómo para la sociedad es importante. Es para que se entienda que la violencia sexual no es algo más sino toda una sociedad que impone determinadas normas que uno las tiene que ir sacando de la naturalización”, cuenta Delia en la sala de prensa de Tribunales. El sol hace que su pelo se vuelva más rubio. Escucha la sentencia desde un costado y cuando el juez lee la condena número 15 para Luciano Benjamín Menéndez sostiene la mirada en el televisor y sonríe con delicadeza hacia el costado.

Tardó años en formar pareja otra vez. Tuvo una hija a la que la crió sola, y cuando dice sola remarca la palabra y se escucha valentía aunque nunca la pronuncie. A los 59 años es investigadora en el Campo de la Ribera, hoy convertido en espacio de la memoria. “Entré al área de investigación en el 2011 pero ya venía trabajando desde antes, aportando lo que podía porque estos juicios se arman entre todos. Es armar un rompecabezas en equipo, cada uno aporta una pieza”, dice Delia.

En la sentencia de la Megacausa La Perla se juzgó el abuso a Graciela Di Rienzo que en el juicio señaló con el dedo a la mayoría de los imputados de la policía: Contreras, Filiz, Choux, Antón Rocha. Algunos fueron absueltos. Además, hay otra causa en primera instancia a cargo de la Fiscal Graciela López de Filoñuk que reúne los delitos sexuales de las víctimas que decidieron denunciar. Individualizar cada hecho permitirá conocer cómo operaron las relaciones de poder desde la perspectiva de género entre los genocidas. Todavía muchas mujeres no pudieron denunciar.
Foto: Gentileza Espacio Memoria La Perla
Foto de Delia: Colectivo Manifiesto
Fuente:CosechaRoja
Envío:AexPPCdba.

DIFUSIÓN.


Santiago del Estero
Según el MOCASE, una banda armada entró "a los tiros" en la comunidad indígena guaycurú de Bajo Hondo. (Leer nota)

Violencia institucional
Bajo Flores: solicitaron al juez Baños que investigue a efectivo de la federal por el asesinato de un joven (Leer nota)

Sindicales
ATE va al paro y chicanea a la CGT: "Decidieron darle tiempo al Gobierno" (Leer nota)
Massa no quiere saber nada con un paro de la CGT (Leer nota)
UTE: “Si hay alguien que puede habla de pesada herencia ese es Rodríguez Larreta” (Leer nota)

Política
Capitanich: "Cristina tiene un rol importante de articulación de la oposición"(Leer nota)

Género
Jornada “Hablamos de Aborto” en la Legislatura porteña (Leer nota)
Rock indie: entrevista a la banda Bestia Bebé
Relámpagos: Del ´55: de monos y gorilas
 
Debate: Cristina y sus diferencias con el cristinismo
AGENCIA PACO URONDO:otro récord de visitas en 2016 y un nuevo proyecto
 

CORRIENTES - DIFUSIÓN.

La Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Goya invita por este medio a participar del Acto de Señalización del ex Centro Clandestino de Detención "La Pajarera", a realizarse este jueves 29 de septiembre.
La Pajarera se encuentra a la vera del Riacho Goya, frente al Campo Hípico.
Reiteramos la invitación para su difusión. Gracias.

--
Directora de Derechos Humanos
Municipalidad de Goya

GOYA, un Municipio con Derechos ǀ derechoshumanos@goya.gov.ar
Baibiene 555 ǀ Goya ǀ CORRIENTES ǀ ARGENTINA

SANTA FE - DIFUSIÓN.







Familia de Marlene acompañó a Perassi
Fue en el marco de la movilización que convocó el padre de Paula a cinco años de su 
desaparición. Se reclamó a la justicia por todos los casos que siguen impunes.
La familia de Marlene Franco participó de la marcha convocada por los padres de 
Paula Perassi, la mujer de 34 años que desapareció 5 años atrás en circunstancias que no 
fueron nunca debidamente esclarecidas, el pasado 19 de septiembre en San Lorenzo.

Alicia Peralta, madre de Marlene, junto a uno de sus hijos, formó parte del grupo de más 
de 400 personas que se reunieron, en la tradicional “esquina de los bancos” de dicha ciudad,
para exigir que se esclarezcan estos hechos que aún permanecen impunes y que se haga 
justicia por las víctimas.

Marlene Franco tenía 21 años y fue atacada y asesinada en un casa deshabitada ubicada 
en el centro de Oliveros, la madrugada del sábado 14 de mayo de este año, cuando 
regresaba de bailar de la vecina localidad de Maciel.

El principal reclamo de la familia, a cuatro meses del crimen, es que se acelere la
investigación y se resuelva el caso que tiene, hasta el momento, un sólo imputado. 
Para esto es fundamental que se conozcan, a la brevedad, los resultados de las pruebas de 
ADN.
Mesa provincial Partido SI 

 

ROSARIO - CULTURA.


ROSARIO - DIFUSIÓN.


Mitre 2105 -Rosario.
Tel: 341- 2431060
Horario de atención: Lunes a Viernes de 17 a 21 hs.

ROSARIO - DIFUSIÓN.

Estimados lectores y lectoras:
Les escribimos, en esta oportunidad, para ofrecerles un nuevo proyecto producido desde nuestro colectivo de trabajadores de prensa. La idea es que si les interesa, nos lo soliciten respondiendo este correo, nos lo pidan al celular 3413359271 (puede ser por Whatsapp), o se lo encarguen directamente al repartidor de El Eslabón.

Se trata del Diario del Juicio Guerrieri Amelong, un libro que lanzamos desde nuestra área de trabajo editorial, Cadena Informativa, con la producción de la Cooperativa La Masa (que fue realizado en convenio con la agrupación HIJOS Rosario), y que recoge lo publicado en El Eslabón y Redacción Rosario sobre el primero de los juicios a represores de la dictadura realizado en la ciudad.

El libro fue producido por un equipo que contó con la redacción de Juane Basso, la edición Guillermo Griecco, la corrección de Santiago Garat, el diseño de Javier García Alfaro, y la realización web de Florencia Garat.

Para nosotros no se trata de una publicación más, sino además que lo entendemos como otra herramienta, otro aporte desde nuestro lugar de comunicadores, a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, la cual siempre acompañamos tanto desde nuestro semanario como desde nuestro diario digital.

Para quienes estén recibiendo este corro, el libro tiene a un precio especial de 100 pesos. Si les queda cómodo podemos enviarles un link para pagarlo con tarjeta vía internet.

Aprovechamos también este mail para invitarlos a la presentación de libro, que tendrá lugar el martes 18 de octubre a las 18, en el Museo de la Memoria.
Agradecemos su tiempo, quedamos en contacto, esperamos sus respuestas y enviamos saludos.

ROSARIO - DIFUSIÓN.


26 de septiembre de 2016

PARANÁ: BOEYKENS: "LO QUE ESTÁ PASANDO EN EL JUZGADO FEDERAL ES VOLVER AL AÑO 1984".

26/09/2016Juicios por delitos de lesa humanidadBoeykens: “Lo que está pasando en el Juzgado Federal de Paraná es volver al año 1984”
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Marcelo Boeykens.
El abogado querellante y titular del Registro Único de la Verdad, Marcelo Boeykens, adelantó que en la primera jornada del juicio contra el ex policía provincial Atilio Céparo, ex chofer del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y suegro del vocal Emilio Castrillón, se resolverá “la situación de la prisión domiciliaria”. Lamentó que el proceso judicial se realice “solamente contra un integrante de la fuerza policial y por una sola víctima” ya que la pretensión era “rearmar todo lo que fue la patota policial”. Cuestionó que “esto va a generar que se tengan que abrir otras causas contra otros represores y por otras víctimas, lo que dilata los procesos y lleva a la impunidad biológica, que implica que los acusados se vayan muriendo sin ser juzgados y también que las víctimas se queden sin obtener justicia”. “Estamos intentando batallar para que no se sigan realizando juicios contra una sola persona, sino que queremos que se investigue reamente lo que fue la patota de la policía, porque acá no estamos juzgando excesos de una persona en particular sino que ese accionar está dentro de un plan sistemático de exterminio”, explicó el abogado. Al respecto, criticó que “juzgar a un solo imputado es volver al año ´84, donde se juzgaban los excesos de cada uno de los jefes de las Fuerzas Armadas. Lo que está pasando en el Juzgado Federal de Paraná es volver atrás, es volver al año 1984”. No obstante ello, ratificó que “la idea es seguir investigando como se conformaba la estructura de la represión en la ciudad y la provincia, incluso antes del 24 de marzo”. “El compromiso es avanzar contra los delitos del terrorismo de Estado, en la investigación por los delitos de la Triple A porque necesitamos saber qué pasó en nuestra ciudad y nuestra provincia”, sentenció.Fuente:AnalisisDigital

CONFIRMAN LA PENA DE PRISIÓN PERPETUA PARA MUSA AZAR.

Confirmaron la pena de prisión perpetua para Musa Azar 
Lunes 26 de septiembre de 2016

Ex jefe policial en Santiago del Estero. | Foto: DyN 
La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la condena a prisión perpetua dictada contra el ex jefe policial Antonio Musa Azar en el juicio oral denominado Megacausa II, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

La resolución fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal y también alcanzó a otros ex represores que fueron subalternos del entonces jefe del Departamento de Informaciones de la Policía de Santiago del Estero (DIP) en los años 70.

El tribunal, integrado por Juan Carlos Gemignani; Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, no sólo ratificó la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, dictada en 2013, sino que amplió la acusación en contra de los ex agentes policiales que fueron juzgados en el mismo proceso.

Puntualmente, se sostuvo que la ex pareja de Azar, Marta Cejas, fue funcionaria del Penal de Mujeres y que junto con el ex policía Pedro Carlos Ledesma formaron parte de una asociación ilícita que funcionaba en el ámbito del DIP.

Por ese motivo y con respecto a otros enjuiciados, la Cámara de Casación Penal remitió al TOF local el expediente para que aplique las penas que considere pertinentes y la modalidad de cumplimiento, ya que Cejas, por ejemplo, se encuentra actualmente en libertad.

Las condenas que se dictaron en su momento contra los ex represores fueron por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia o amenazas; tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas; violación de domicilio; homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de 32 personas de ambos sexos.

Asimismo, la Justicia Federal de Santiago del Estero deberá investigar supuestos abusos sexuales cometidos durante el cautiverio de presos políticos, hechos que salieron a luz en el transcurso de las audiencias de la Megacausa II. Musa Azar, quien era señalado en Santiago como el hombre fuerte de los gobiernos del peronista Carlos Juárez, recibió tres veces condenas a prisión perpetua.

En dos procesos por delitos de lesa humanidad y el restante por ser el supuesto autor intelectual de las muertes de dos jóvenes, en el caso conocido como Doble Crimen de La Dársena.
Fuente:ElTerritorio

CHACO: SE JUZGA A 10 IMPUTADOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.

El Chaco juzga a 10 imputados por crímenes de lesa humanidad 
Se llevó a cabo la audiencia de la Causa Caballero II donde se juzga a diez imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra detenidos políticos en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco.
25 de Septiembre, 2016 

Las víctimas son el matrimonio compuesto por Sara Fulvia Ayala y Pedro Morel, militantes de las Ligas Agrarias de la zona de Goya (Corrientes) y vinculados al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Ambos se encuentran desaparecidos y fueron vistos por última vez en la ex Brigada de Investigaciones a mediados del año 1977, en estado de salud precario como consecuencia de los tormentos sufridos en el ex centro clandestino de detención ubicado en pleno centro de la ciudad de Resistencia.

También se los juzga por la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por Juan Carlos Goya – actual secretario de DD HH de la provincia, Graciela de la Rosa y Emilio Eduardo Saliva, militantes de la Juventud Peronista -detenidos en abril de 1976 y de Erasmo Aguirre, Julio Aranda y Roberto Alcides Greca estudiantes universitarios que pertenecían a la Juventud Universitaria Peronista de la Facultad de Arquitectura -secuestrados en noviembre 1976- y también de Mauricio Berger un pequeño productor integrante de las Ligas Agrarias del Chaco
Fuente:Norte

SANTIAGO DEL ESTERO - MEGACAUSA III: INSPECCIÓN OCULAR EN LA ESCUELA DE POLICÍA.

MEDIDA
Megacausa III: inspección ocular en la Escuela de Policía
Será encabezada por los miembros del Tribunal Oral Federal. 
26/09/2016 

El juicio por la Megacausa III que investiga delitos de lesa humanidad en Santiago del Estero, continuará esta semana con dos inspecciones oculares.

La primera se realizará hoy a partir de las 9.30 en la sede de la Escuela de Cadetes de Policía, y será encabezada por los miembros del Tribunal Oral Federal que lleva adelante las audiencias.

También está previsto que participen las partes del proceso y el recorrido por el lugar será guiado por un ex preso político.

En tanto, mañana se realizará una nueva inspección ocular, esta vez en un inmueble ubicado en calle Buenos Aires, en el centro capitalino, donde funcionara el Juzgado Federal durante los años 70.

La medida había sido notificada a las partes por el Tribunal Oral Federal. La inspección en la Escuela de Cadetes de Policía será en el sector donde eran llevados los presos políticos antes de ser derivados a la ex sede de la "Side" local. Mientras tanto, en la Cámara Nacional de Casación Penal se analizan las recusaciones presentadas por las defensas en contra de los tres miembros del tribunal: Juan Ramos Padilla (presidente), y Alicia Noli y José María Pérez Villalobo (vocales).

Como se recordará, Casación había abierto el recurso de queja solicitado por los abogados defensores.
Fuente:ElLiberal

DIFUSIÓN.

1- Roca y Bullrich. El general ya tiene quien le escriba 
por Marcelo Musante
El ministro de Educación y Deporte de la Nación habló de la educación como la nueva Campaña del Desierto. Hace poco, el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires negó que fueran 30 mil los desaparecidos. Dos genocidios, igualmente crueles, igualmente criminales. Lo de Bullrich, ¿causará la misma indignación pública que obligó a renunciar a Lopérfido? ¿O hay genocidios que duelen menos que otros?

2- Bosquejo de historia de ATEN: los orígenes.
Autor: Ariel Petruccelli

3- “ISIS. El ejército del terror”, publicado por Editorial Sudestada
Contactos:

ROSARIO - DIFUSIÓN.

Jornadas de formación gremial 
 Charla inaugural 
Frente de Unidad de los Trabajadores 
Hoy de 18:00 



Nos proponemos como objetivo primario dar batalla ante el intento de avasallamiento de nuestros derechos conquistados y adquiridos, creyendo firmemente que es sólo a través de la organización conjunta de los trabajadores que lograremos resistir los embates de esta nueva versión de neoliberalismo, aggiornada a los nuevos tiempos, con slogans pegadizos y vacíos de contendido, que no son más que viejas caras tristemente conocidas. 

Para ello realizaremos una serie de Jornadas de Formación Gremial, en donde podamos debatir y organizarnos. 

La charla inaugural estará a cargo de los siguientes expositores: 

Jorge Hoffman ATE Santa Fe 
Edgardo Carmona Sindicato de Prensa Rosario
Agustín Bruera Sindicato de Trabajadores Judiciales 
Marcos Cleri Diputado Nacional FPV

DIFUSIÓN.

Trata de mujeres
Margarita Meira contó su estremecedora historia: hace 24 años fue asesinada su hija, luego de ser obligada a prostituirse. Hoy dirige una fundación contra la trata: "Somos las Madres de Plaza de Mayo de hoy". (Leer nota)

Ajuste M
PYMES: el 42% redujo su personal; las ventas cayeron un 34% (Leer nota)

Detenidos por una pintada
“Estos manejos de las instituciones con intencionalidad política dañan a la democracia” (Leer nota)

Misceláneas
Acusan a empresario vinculado a Massa de atentar contra espacio de pueblos originarios (Leer nota)
El nieto de Mirta reconoció que una empresa suya cobrará $ 1,5 millones del Estado (Leer nota)
Misoprostol: "Solicitamos a la ANMAT que lo reconozca como medicamento obstétrico y garantice su acceso" (Leer nota)


 
Rock indie: entrevista a la banda Bestia Bebé
Relámpagos: Del ´55: de monos y gorilas
 
Debate: Cristina y sus diferencias con el cristinismo
AGENCIA PACO URONDO:otro récord de visitas en 2016 y un nuevo proyecto
 

25 de septiembre de 2016

ENTRE RÍOS: COMIENZA MAÑANA EL JUICIO AL REPRESOR CÉPARO POR CRÍMENES EN LA DICATDURA.

25/09/2016Está acusado por el secuestro y torturas de una mujerComienza mañana el juicio al represor Céparo por crímenes de la dictadura
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Será el cuarto juicio por delitos de la dictadura en la provincia.
El juicio contra el ex policía provincial Atilio Céparo, ex chofer del Superior Tribunal de Justicia y suegro del vocal Emilio Castrillón, comenzará este lunes. El cuarto juicio por delitos de la dictadura que comienza en la capital entrerriana tiene la característica de ser el primero contra un integrante de la patota de la Policía de Entre Ríos. El Tribunal Oral Federal de Paraná juzgará a Céparo por los delitos de privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones y/o sin las formalidades previstas por la ley y/o desempeñando un acto de servicio y en esa situación cometiera acto de vejación o aplicare apremios ilegales o imposición de tormentos contra una mujer, a la que secuestró de su lugar de trabajo en 1976.A partir del 24 de marzo de 1976, el régimen militar puso en práctica operativos tendientes a anular toda forma de oposición. Gran cantidad de personas fueron secuestradas por grupos de personas uniformadas o vestidas de civil, pertenecientes a las fuerzas armadas y policiales.

En ese tiempo, la Policía de Entre Ríos estaba bajo el control operacional del Ejército y se abocó al plan sistemático de represión clandestina e ilegal; constituyéndose en un engranaje central dentro del esquema represivo porque sus integrantes eran quienes realizaban las detenciones ilegales, traslados y alojamiento de esas personas en comisarías o casas operativas, donde permanecían en condiciones deplorables, con deficiente o nula alimentación, privados de toda higiene y padeciendo amenazas, golpes, vejaciones y torturas a toda hora.

El cuarto juicio por delitos de la dictadura que comienza mañana en Paraná tiene la característica de ser el primero contra un integrante de la patota de la Policía de Entre Ríos, Atilio Ricardo Céparo.

El Tribunal Oral Federal de Paraná lo juzgará por los delitos de privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones y/o sin las formalidades previstas por la ley y/o desempeñando un acto de servicio y en esa situación cometiera acto de vejación o aplicare apremios ilegales o imposición de tormentos contra una mujer, a la que secuestró de su lugar de trabajo en 1976.

Durante los días 26, 27, 28 y 30 de septiembre prestarán declaración como testigos 26 personas, entre ex detenidos políticos, policías, médicos, militares y una hija del imputado; y luego de las testimoniales se realizará una inspección judicial en la Jefatura Central de Policía, en calle Córdoba 351, donde la mujer asegura haber sido sometida a torturas con picana eléctrica.

El tribunal estará integrado por Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros; el fiscal será José Ignacio Candioti; los querellantes serán Marcelo Boeykens y Sofía Uranga; y Céparo tendrá como defensor a José Esteban Ostolaza, informó El Diario.

Secuestro y torturas
La causa se inició a raíz de la denuncia que presentó una mujer que dijo haber sido secuestrada por tres policías provinciales –entre los que estaba Céparo– el 23 de septiembre de 1976, en horas de la mañana, en el Sanatorio La Entrerriana, donde ella trabajaba como enfermera, y la trasladaron en un automóvil Ford Falcon, primero a la Jefatura Central de Policía y luego a la Comisaría Quinta.

La participación de Céparo en la detención ilegal de la mujer fue reconocida por un hombre se encontraba en los pasillos del sanatorio y lo conocía porque ambos vivían en La Paz, según lo declaró en sede judicial.

De acuerdo con la acusación, la detención se realizó sin ningún motivo, tampoco se cumplieron las prescripciones legales, no fue dispuesta por un juez ni tampoco se comunicó del arresto de la mujer a ninguna autoridad.

Incluso, la mujer fue ilegalmente detenida al día siguiente de que una patota policial se llevara a una amiga de la casa en la que ambas vivían, en Paraná.

Según su testimonio, permaneció seis días en la sede policial del barrio San Agustín, hasta que Céparo se presentó nuevamente y pidió por ella para trasladarla otra vez a la jefatura –lo reconoció por haber escuchado que se identificaba con su nombre en la guardia–, donde fue sometida a interrogatorios bajo torturas con picana eléctrica. En esa ocasión, estando acostada en una parrilla, alcanzó a ver a Céparo a través de un hilo de luz que había en la venda, cuando le ataba los pies al borde de la cama, reseñó El Diario.

Céparo fue detenido el 18 de diciembre de 2014. En su descargo, negó su responsabilidad, aseguró que “la orden de detención provino de una autoridad superior”, que se produjo sin violencia y “a la vista de todo el mundo”, y que la mujer no fue trasladada a ningún centro clandestino de detención, sino a una comisaría.


Asunto pendiente
El ex policía se encuentra detenido en la unidad penal y tanto el juez como la Cámara Federal y después el tribunal oral rechazaron su excarcelación por la existencia de “riesgo procesal”, a raíz de las intimidaciones que sufrió un testigo.

Sin embargo, al juicio se llega con un planteo no resuelto sobre un pedido para que Céparo reciba el beneficio del arresto domiciliario por razones de salud. Médicos particulares aseguran que el ex policía padece problemas cardiológicos derivados de una lesión arterial; pero esto ha sido desvirtuado por informes elaborados por profesionales del Servicio Penitenciario y también por el médico de la Cámara Federal de Apelaciones, José Luis Kot, que aseguran que puede ser tratado en la cárcel.

Incluso el fiscal José Ignacio Candioti manifestó su oposición a que el ex policía fuera enviado a su casa, primero porque “no está acreditado que no pueda ser debidamente tratado” en la cárcel, pero además porque la normativa establece que “si no puede ser cuidado en la unidad penal, debería ser atendido en un hospital”.

No obstante, el tribunal ha solicitado la opinión de peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todo esto en medio de fuertes presiones de funcionarios de la justicia provincial para que Céparo sea enviado a su casa.

Perfil del acusado
Atilio Ricardo Céparo, de 67 años, nació en Hasenkamp, departamento Paraná. En 1976, cuando se produjo el secuestro de la mujer por el cual ahora está en juicio, era oficial ayudante y se desempeñaba en la División Despacho de la Jefatura Departamental de Policía, según consta en su legajo personal.

Céparo quedó cesante de la Policía a partir del 24 de julio de 1981, tras un sumario administrativo en el que fue acusado de haber cobrado indebidamente multas en nombre del Estado. En 2003 presentó un recurso de gracia pidiendo su reincorporación al cuadro de oficiales de la Policía. En ese momento invocó “la difícil situación económica que atraviesa” y dijo que el sumario había sido “arbitrario y viciado de nulidades”. El gobierno de Sergio Montiel rechazó el recurso en noviembre de 2003 y la medida fue confirmada en abril de 2005 por Jorge Busti.

Luego de su cesantía fue chofer de ambulancias y de una cochería de servicios fúnebres de La Paz. Hasta su detención, se desempeñaba como chofer del STJ, cargo para el que había sido propuesto por Castrillón.
Fuente:AnalisisDiigital

SANTA FE: ACUSADO DE SER NAZI-INTENTO DE NOMBRAR AL COMISARIO GARRO COORDINADOR EN UN COMANDO.

Y apareciste tú
Por Juan Carlos Tizziani

El comisario Juan Pablo Garro, que renunció a la jefatura de policía recién asumido en 2015 denunciado por poseer simbología nazi; reapareció esta semana en una foto en la reunión del comando operativo conjunto entre provincia y nación para enfrentar la inseguridad. Unos admitieron que pensaron en él como coordinador, pero el ministro Pullaro lo negó.


INTENTO DE NOMBRAR AL COMISARIO GARRO COORDINADOR EN UN COMANDO
Acusado de ser un nazi
Reapareció en una foto en una reunión esta semana. Había sido denunciado en 2015 por la comunidad judía de Santa Fe.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe.

"Yo no tengo ideología nazi", había intentado defenderse Garro.
Una foto que distribuyó esta semana el Ministerio de Seguridad dejó a la vista un operativo para designar coordinador de la Policía santafesina con las fuerzas federales al comisario Juan Pablo Garro, quien en enero de 2015 asumió como jefe de la Unidad Regional I en La Capital pero pidió licencia a la semana por denuncias de los organismos de derechos humanos y de la comunidad judía de Santa Fe, que él negó. "Yo no tengo ideología nazi", dijo entonces. La propuesta de ascenso fue admitida por el jefe de Policía de la provincia, José Luis Amaya: "La estamos evaluando, todavía no hay nada definido". Pero después, el propio ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro la descartó: "El coordinador con las fuerzas federales es Amaya", dijo ante una consulta de Rosario/12.

El martes, Garro participó en la primera "reunión de trabajo" del Comité Operativo Conjunto de las Fuerzas de Seguridad que se realizó en el Destacamento Móvil 2 de Gendarmería, en Rosario. La foto del Ministerio de Seguridad lo ubicó en la cabecera de la mesa que rodeaban Pullaro, Amaya, el secretario de Seguridad Pública Omar Pereira y el jefe de la Policía de Investigaciones (PDI), Daniel Corbellini. A su derecha quedó el jefe de la Unidad Regional II, Marcelo Villanúa y a su izquierda, el jefe de la Unidad Regional I, Luis Siboldi.
La "comitiva nacional" -como la definió el informe- estuvo a cargo de dos funcionarios del gabinete de la ministra Patricia Bullrich: el subsecretario de Políticas de Seguridad, Darío Oroquieta y el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier. Más, delegados de Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria y la Policía Federal.

En enero de 2015, Garro estuvo una semana al mando de la Unidad Regional I, pero pidió licencia cuando la Asociación Israelíta I.L.Péretz, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares de Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otros, rechazaron su designación. Lo defendió el gabinete del ex ministro de Seguridad, Raúl Lamberto. Y el ex jefe de Policía de la provincia, Omar Odriozzola, dijo que él "tomó la decisión" de nombrar a Garro y explicó que la "esvástica" que tenía su designado era "un dibujo que le habían regalado cuando era
cadete". Garro negó las denuncias: "Yo no tengo ideología nazi".

El miércoles, tras la difusión de la foto, un legislador de la UCR le preguntó a Pullaro por el asunto: "¿Quién es Garro?". El ministro le contestó que tenía una propuesta para designarlo coordinador de la Policía santafesina con las fuerzas federales. "Ya me lo han propuesto para varios cargos. Me dicen que es operativo", pero aclaró que no había una decisión. El diálogo no pasó por alto la escena: Garro está en el centro de la foto, entre los dos jefes de unidades regionales, pero la gacetilla no lo menciona. "No parece un error", comentó un funcionario del gobierno.

El jueves, fuentes de la Legislatura, la Casa Gris y del gabinete de Pullaro ratificaron que Garro era el propuesto para integrar el Comité Operativo Conjunto de las Fuerzas de Seguridad. Rosario/12 se lo preguntó al jefe de Policía de la provincia.

-¿El comisario Garro va a ser coordinador con las fuerzas federales?
-Lo estamos viendo, todavía no está definido -contestó Amaya.
-Apareció en una foto con usted y el ministro.
-Puede ser, en una reunión de trabajo.
-¿Va a ocupar el cargo?
-Le repito. Estamos evaluando muchas cuestiones.
-¿Qué función tiene?
-En la actualidad está en el Departamento Operaciones (D3) -informó Amaya.

Sin embargo, Pullaro descartó la designación. "El coordinador con las fuerzas federales es el jefe de Policía de la provincia", dijo. Y explicó que Garro no ocupa "ningún cargo", ni tiene mando. "Es policía, no es jefe".

Un rato antes le habían preguntado si había "desánimo" en la Policía santafesina por la "llegada de Gendarmería". Pullaro lo negó. "No creo que nuestra Policía esté desacreditada por lo que ha demostrado en el último tiempo, la gran capacidad y la mejora en el trabajo operativo. Esto se ve en las tasas de detenciones y recapturas, en términos provinciales. Nuestra policía se jerarquiza con una conducción muy fuerte y muy clara del general Amaya, que le dio mayor capacidad operativa a la Policía de la provincia de Santa Fe".

"Las fuerzas federales vienen a colaborar, como lo hacen en otras regiones, en Capital Federal, en el conurbano bonaerense, en las provincias de Córdoba y Formosa, en la tarea preventiva e investigativa con la Policía de la provincia. Por lo tanto, para nuestra policía no es un golpe, al contrario, nuestra Policía está demostrando que mejora día a día. Eso lo vamos a sostener", concluyó el ministro.



Un cuadro, un águila y la esvástica
En enero de 2015, Rosario/12 publicó que tres funcionarios del entonces gobernador Antonio Bonfatti defendieron la designación del nuevo jefe de la Unidad Regional I, comisario Juan Pablo Garro, quien en 2006 fue separado de la fuerza e investigado por una denuncia por supuesta "discriminación" y el hallazgo en su despacho de "un cuadro con un águila, una persona uniformada con rostro de calavera y una cruz esvástica", aunque después la causa judicial y el sumario interno terminaron en el archivo. El secretario de Seguridad Pública Gerardo Chaumont, el ex jefe de gabinete del ministro de Seguridad y hoy su delegado personal en el Nodo 3, Miguel Angel Picca y el director de Asuntos Internos, Julián Aranda, coincidieron que aquel antecedente no impidió el ascenso de Garro. "Si no está imputado o condenado puede estar en la Policía de Santa Fe", lo justificó Chaumont.

Garro había asumido el mando en reemplazo de los ex jefes imputados en una causa que investiga el tráfico de estupefacientes en Arroyo Leyes, donde apareció un camión semirremolque con más de una tonelada y media de marihuana en un container.
Fuente:Rosario12